La deserción escolar está de moda en nuestro país. Cualquier articulista o tertuliano habitual que se precie, aprovecha la más mínima ocasión para manifestarse sobre el tema y cargar contra “la escuela”. Hasta los no habituales y preciados nos atrevemos a “decir la nuestra”.
Según los datos que ofrece el Ministerio de Educación y Universidades, desde el curso 1999-2000, que marca el inicio de la ESO, la tasa bruta de población que obtiene el graduado en Secundaria se ha movido entre el 73% (1999-2000) y el 69,2% (2005-2006 – último disponible-). Es cierto que ha descendido el porcentaje anual de graduados, pero también es cierto que ya hace 10 años existía el mismo problema, aunque en menor grado. No se trata, pues, de un fenómeno nuevo, sino más bien de una preocupación nueva.
Dejemos las estadísticas en este punto y reflexionemos sobre el problema y las posibles soluciones. Empecemos por definir el fracaso escolar y delimitar quién fracasa.
Convengamos que fracaso escolar significa bien que determinado número de alumnos abandona el camino marcado por la escuela, bien que otro buen número de alumnos no supera el listón que permite conseguir una determinada graduación escolar. Podemos entender también por fracaso escolar que el sistema educativo naufraga con determinado número de alumnos a los que no consigue acompañar y guiar adecuadamente hasta la meta de la graduación. Sin embargo, aquí vamos a entender que el fracaso escolar es un fenómeno social, propio de una sociedad que, entendida en su sentido más amplio (desde las instituciones hasta el núcleo familiar, cualquiera que éste sea, y el individuo), no sabe transmitir a sus miembros que el éxito en la escuela es un condicionante para la inserción social y laboral de las personas y un instrumento para la cohesión social.
En época de vacas gordas, cuando el mercado absorbe toda mano de obra, cualificada o no, la gravedad del fenómeno “fracaso escolar” puede resultar menos llamativa, aunque no deja de serlo el hecho de que, en el caso español, los resultados escolares demuestren, en todas las etapas educativas (secuelas del PISA, bajo porcentaje de graduados medios, alto nivel de abandono universitario…), la ineficacia de nuestro sistema en lo que afecta a los jóvenes de 16 a 24 años.
¿Dónde está, pues, la raíz del problema? La cuestión va más allá y es más grave que el hecho de fracasar escolarmente. Creemos que, pese a las bienintencionadas y solemnes declaraciones de políticos, empresarios, sindicalistas, investigadores y pensadores varios, en realidad la escuela – la cualificación – no es percibida realmente como una necesidad para la inserción social y profesional.
Institucionalmente, se da prioridad a la cantidad, a la escolarización, bajo una sola premisa efectiva: hay que elevar el nivel mínimo de formación para dar respuesta a las demandas de la economía y, más concretamente, de la empresa. El objetivo de cohesión social es más un argumento, cuando no una excusa, que una premisa. Además, el hecho educativo acaba siendo una idea confusa y etérea cuando la administración educativa habla de calidad, seguimiento, control, recursos…, y sobre todo cuando eleva el listón hasta la excelencia, que acaba convirtiéndose en un juicio moral. Está en manos de las instituciones educativas poner fin a la diversidad anárquica de prácticas pedagógicas y a la falta de recursos didácticos.
El profesorado se siente, habitualmente, solo en la lucha por acabar con el fracaso. La gestión del aula se convierte en una tarea cada vez más difícil. El informe TALIS (Teaching and Learning International Survey, 2009) de la OCDE dice que en España los profesores pierden un 16% del tiempo de clase manteniendo el orden. Ahí está su principal soledad. Ahora bien, es cierto que buena parte del profesorado carece de los principios de adaptabilidad y de flexibilidad que requiere la acción educativa, y se dedica más a dar información que a propiciar una reconstrucción crítica del conocimiento. Sin embargo, también es cierto que no tiene a su disposición los recursos necesarios para identificar las fortalezas y necesidades particulares de cada alumno y para poner en práctica, si fuese necesario, planes de intervención educativa personalizados o para derivar a planes de servicios asistenciales al alumnado que los necesita. Por otro lado, el trabajo en la educación requiere, además del saber científico específico, un buen bagaje de conocimientos sobre psicología y sociología, sobre teorías de los sistemas educativos y de procesos de aprendizaje. Formación, en fin.
El empresariado exige cualificación (títulos, más bien) sin, por un lado, ser capaz de definir, la mayor parte de las veces, de qué está hablando y qué necesita, y, por otro lado, sin responder al saber que los individuos le aportan con un reconocimiento salarial y con unas condiciones laborales adecuadas. Además, en un sistema productivo como el español basado en mano de obra intensiva y de baja cualificación, tampoco se incentiva a los jóvenes a seguir formándose. La mayor parte de las veces los recursos humanos son para el empresario un simple coste más, no un activo estratégico. La formación, la cualificación, se convierte así en una cuestión periférica al sistema productivo.
La sociedad, la familia y el individuo priman valores como la imagen pública y la “noticiabilidad” frente al conocimiento. El homo videns y sondeodependiente de Giovanni Sartori es un individuo aislado que al actuar se transforma en una masa homogénea, con una mente empequeñecida, fabricándose así lo que el mismo denomina el “proletariado intelectual”, el individuo sin ninguna consistencia. La anorexia educativa de la sociedad, en resumen.
Ante este panorama, la escuela se encuentra en soledad y se mueve entre el ser y el no ser, entre transmitir unos valores que no se encuentran generalizados en la sociedad (disciplina, autocontrol, esfuerzo, espíritu de sacrificio y de trabajo, saber y racionar, tolerancia…) y la neutralidad mal entendida.
Así pues, ¿qué hacer? ¿Trabajar por devolver al mismo sistema a los jóvenes sin éxito escolar? ¿Flexibilizar el sistema hasta llegar a la liquefacción? Entre otras muchas soluciones posibles, tal vez estaría bien explorar dos vías para empezar a caminar.
Luchar desde todos los sectores implicados para prevenir en origen el abandono, el fracaso. En una sociedad del conocimiento – hecho ineludible – la estratificación social está cada vez más basada en los límites de los que tienen y no tienen la cualificación necesaria. Por ello, sería conveniente abordar las modalidades del fracaso escolar, conocer su proceso, origen y desarrollo, y aplicar soluciones alternativas con el solo objetivo de resituar al individuo en la vía de acceso al saber y ayudarle a ubicar y, si cabe, restaurar la propia imagen.
Garantizar un sistema de orientación basado en interacciones entre escuela y familia, cuyo núcleo duro esté formado por un proceso acción-seguimiento-retroalimentación, caracterizado por la única lógica educativa de estructurar y aumentar el nivel de cualificación de los individuos para dotarlos de capital humano e intelectual, cuyos efectos se prolonguen más allá de la escolaridad y repercutan en su vida activa. Dicho más llanamente, un sistema de orientación articulado entre escuela y familia, destinado a informar, aconsejar, acompañar y ayudar a encontrar soluciones que permitan al joven estudiante realizar el proyecto formativo y de vida que él debe ir construyendo progresivamente.
CUADERNO QUE CONTIENE REFLEXIONES, OPINIONES, ANÁLISIS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE COSAS RARAS SOBRE FORMACIÓN, EDUCACIÓN, EMPLEO Y OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
viernes, 25 de junio de 2010
miércoles, 23 de junio de 2010
Autonomia de centres educatius i autoavaluació
L’avaluació dels centres educatius té una història bastant curta que s’inicià a França a principis dels anys noranta del passat segle. Fins aleshores, l’avaluació dels centres era una projecció de l’avaluació del seu alumnat: si els resultats dels alumnes eren bons o dolents el centre era considerat també bo o dolent. Fou a partir de la publicació d’un informe elaborat al país veí (Robert Ballion, Education-Formation-Recherche, 1991) que es va considerar l’avaluació dels centres educatius com a “una avaluació d’una unitat de producció”, és a dir, com a una unitat que té la seva pròpia funcionalitat, que opera autònomament.
A l’àmbit educatiu de Catalunya, ens acostem ara a aquesta avaluació de manera generalitzada. Tenim el precedent marcat per l’avaluació sistèmica de la formació professional reglada, que ha significat una fita en l’avaluació dels centres com a ens que van més enllà d’una simple agregació d’individus i ha valorat l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte de la seva acció. Ara bé, els centres a avaluar no gaudeixen encara d’autonomia i estem a l’expectativa de conèixer el contingut definitiu de les normatives que han de regular aquesta autonomia dels centres i la seva direcció i personal directiu, com a conseqüència de les directrius i orientacions que es defineixen a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). En aquest entretemps, crec oportú reflexionar sobre el paper que l’autoavaluació pot desenvolupar en aquesta futura nova realitat que afectarà els centres educatius.
Considero que l’autoavaluació és un corol•lari coherent amb l’autonomia: una manera de mesurar la correcta utilització de la capacitat de maniobra dels centres reconeguda per l’Administració educativa. L’autoavaluació respon al principi d”’escola que aprèn”, car pot contribuir a oferir als centres un valor afegit que no aporten altres tipus d’avaluacions, com ara, la memòria anual, la certificació de la qualitat o la valoració realitzada per una inspecció. En tot cas, aquests altres instruments poden servir de contrast de la qualitat de l’autoavaluació.
En un marc d’autonomia dels centres educatius, cal considerar imprescindible passar d’un model burocràtic d’avaluació –que ha estat l’habitual fins ara (basat fonamentalment en l’emissió de normatives i directrius des de l’estructura orgànica, i en el control dels actes dels centres i dels ensenyants que les han d’acomplir) - a un model de tipus democràtic, basat en la “autoregulació”. És a dir, a un sistema d’avaluació fonamentat en dos principis: d’una banda, l’assoliment de major equitat, eficàcia, eficiència i funcionalitat (com a components bàsics de la qualitat) de l’acció dels centres, fixada en la valoració dels resultats en relació amb els objectius previstos; d’altra banda, en la transferència i assumpció d’una autonomia que permeti als centres – i, de manera més àmplia, al conjunt de la seva comunitat educativa – posar en marxa els mecanismes, eines i recursos que considerin més adients per contribuir a una millor gestió del sistema i assolir aquells objectius. En aquest model, l’administració educativa hauria d’establir els objectius i emetre les directrius, les orientacions i la normativa general, així com dispensar el finançament corresponent, tot realitzant el seguiment i control posterior. Per la seva banda, els centres haurien de retre comptes a l’administració, a la pròpia comunitat educativa i a la societat en general.
Podem considerar la metodologia de l’avaluació de centres educatius sota una doble visió: externa i interna. Quan parlem de la visió externa, fem referència principal a l’anàlisi de la manera de fer dels centres, dels seus mecanismes de regulació i control, dels seus resultats. Lògicament, en aquesta avaluació externa s’han de considerar les aportacions dels propis centres. Parlem, doncs, bàsicament, d’un model tècnic d’avaluació. Quan considerem l’avaluació interna es referim a aquella que exigeix una alta implicació de tots els actors i les seves actuacions vers la qualitat. Aquesta avaluació, que ha de comptar, si s’escau, amb suport extern, ha de ser formativa i sumativa. Parlem, doncs, d’un model participat d’autoavaluació.
El model d’avaluació externa fa servir eines elaborades fora del centre, estandarditzades, que permeten valorar els resultats i realitzar una comparació amb altres centres amb l’objectiu de realitzar la seva contextualització i identificar bones pràctiques. El control de l’avaluació està fora del centre i per això l’avaluació externa pot afectar la presa de decisió però en cap cas ha d’influir l’autonomia del centre. Un dels aspectes positius de l’avaluació externa és evitar la subjectivitat dels avaluadors.
El model d’avaluació interna (autoavaluació) és més participatiu i té més presents els processos i la seva adequació a les característiques de cada centre. Allò que dóna eficàcia al model és el treball en comú (amb el risc de subjectivitat i autocomplaença que això comporta) i que és el mateix centre qui té el control sobre l’avaluació. Aquest control pot ser total o bé estar encomanat a una entitat externa però el centre hi participa plenament i és propietari únic dels resultats.
Ara bé, no es tracta pas de dos model excloents. És de major importància la complementarietat d’aquests models que no pas la seva “concurrència competitiva”.
L’autoavaluació: una alternativa necessària en un marc d’autonomia
Els processos de descentralització i autonomia dels centres escolars, que ocupen avui un important espai de centralitat en l’acció educativa a Catalunya, troben certes dificultats conceptuals, estructurals i d’implantació. Una primera dificultat se situa en el fet que, en general, els centres educatius troben entrebancs a l’hora de considerar-se com a “ens morals”, amb un cert nivell d’autonomia, no tan sols en allò que fa referència a la gestió dels recursos humans, sinó també pel que fa a l’organització del treball i a la determinació dels currículums. És aquesta manca d’autoreconeixement la que, de vegades, fa que els centres no siguin capaços d’actuar de forma transparent i d’estructurar-se amb sistemes propis d’organitzacions democràtiques. Una segona dificultat es troba en l’acció mateixa del departament responsable en matèria educativa, la qual bascula entre dues tendències contraposades que es deixen sentir en l’organització funcional dels centres educatius: descentralització teòrica front centralització pràctica.
Front aquestes realitats contraposades s’està produint arreu del món una evolució jurídica avançada – el lideratge compartit-, segons la qual, l’escola, com a servei públic, ha de saber conciliar l’autonomia amb el “quadre de comandament” tradicional que dóna suport organitzatiu a la gestió del centre educatiu. En el marc d’aquesta conciliació, el repte més important és que els gestors dels centres educatius i els professionals de l’ensenyament siguin capaços de construir una metodologia de treball poc burocràtica, dotada d’una important càrrega de cooperació professional, d’una identitat col•lectiva coherent amb la cultura i valors de l’organització, d’un exercici del lideratge i d’una capacitat de mobilització, a l’entorn d’un projecte comú.
Des d’aquesta perspectiva, un centre educatiu podria convertir-se en una organització professional disposada a assumir, de manera col•lectiva, una triple responsabilitat:
• Desenvolupar dispositius d’ensenyament-aprenentatge de qualitat addicionals per ajudar l’alumnat a assolir els objectius formatius al final del seu cicle d’estudis.
• Identificar continuadament els canvis estructurals i pedagògics per tal d’integrar noves metodologies i recursos.
• Instaurar un clima i un mètode de treball que permetin explorar i desenvolupar les competències individuals i col•lectives existents.
En el marc d’aquesta perspectiva, els professionals de l’ensenyament esdevindrien actors principals i responsables dels canvis a emprendre en el sí dels centres educatius. Per això, seria necessari, a més:
a. Que l’administració responsable del sistema educatiu definís les finalitats comunes i un pla-marc d’actuació, en el qual els centres disposarien d’un ampli marge de maniobra en matèria de funcionament, de recursos humans i d’orientacions curriculars, on la visió de baix a dalt prevalgués enfront de la visió de dalt a baix.
b. Que les direccions i el professorat dels centres fessin seu el pla-marc i, prèvia negociació dels recursos, definissin el projecte de gestió, curricular i educatiu dels centres amb el màxim marge possible de llibertat.
c. Que cada centre educatiu concretés aquest projecte en un pla d’acció plurianual explícit, que fos sotmès anualment a autoavaluació i revisió, així com a una avaluació externa periòdica.
D’altra banda, la concepció habitual de l’avaluació institucional pot impulsar insidiosament “la cultura” del control, agreujar les desigualtats o desenvolupar una certa forma de “privatització” dels centres. Per això és important concebre l’avaluació institucional des d’una perspectiva sistèmica i en coherència amb les actuacions destinades a afermar l’autonomia i l’assumpció de responsabilitats per part dels centres. Aquesta diferent visió serà possible només si els centres són capaços de:
• Dotar-se d’un sistema eficaç d’autoavaluació, capaç de controlar i regular la posada en pràctica i el desenvolupament del propi projecte de centre.
• Definir, a partir del pla-marc propi les seves exigències de qualitat i introduir-ne els controls d’eficàcia i eficiència necessaris.
• Negociar, sobre la base dels resultats de l’autoavaluació, els ajustos necessaris: acceleració o alentiment de les actuacions a dur a terme, redefinició de prioritats, necessitat de recursos complementaris...
• Contrastar els resultats de l’autoavaluació amb els membres de la comunitat educativa.
• Comparar els resultats de l’autoavaluació amb els resultats d’altres centres de característiques similars, a partir de l’anàlisi de les variables rellevants que influeixen en aquests resultats.
• Negociar amb les autoritats educatives les modificacions (outputs interns i inputs externs) necessàries en el projecte de centre: redefinició de prioritats, augment de recursos personals o pedagògics, finançament addicional...
A l’àmbit educatiu de Catalunya, ens acostem ara a aquesta avaluació de manera generalitzada. Tenim el precedent marcat per l’avaluació sistèmica de la formació professional reglada, que ha significat una fita en l’avaluació dels centres com a ens que van més enllà d’una simple agregació d’individus i ha valorat l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte de la seva acció. Ara bé, els centres a avaluar no gaudeixen encara d’autonomia i estem a l’expectativa de conèixer el contingut definitiu de les normatives que han de regular aquesta autonomia dels centres i la seva direcció i personal directiu, com a conseqüència de les directrius i orientacions que es defineixen a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). En aquest entretemps, crec oportú reflexionar sobre el paper que l’autoavaluació pot desenvolupar en aquesta futura nova realitat que afectarà els centres educatius.
Considero que l’autoavaluació és un corol•lari coherent amb l’autonomia: una manera de mesurar la correcta utilització de la capacitat de maniobra dels centres reconeguda per l’Administració educativa. L’autoavaluació respon al principi d”’escola que aprèn”, car pot contribuir a oferir als centres un valor afegit que no aporten altres tipus d’avaluacions, com ara, la memòria anual, la certificació de la qualitat o la valoració realitzada per una inspecció. En tot cas, aquests altres instruments poden servir de contrast de la qualitat de l’autoavaluació.
En un marc d’autonomia dels centres educatius, cal considerar imprescindible passar d’un model burocràtic d’avaluació –que ha estat l’habitual fins ara (basat fonamentalment en l’emissió de normatives i directrius des de l’estructura orgànica, i en el control dels actes dels centres i dels ensenyants que les han d’acomplir) - a un model de tipus democràtic, basat en la “autoregulació”. És a dir, a un sistema d’avaluació fonamentat en dos principis: d’una banda, l’assoliment de major equitat, eficàcia, eficiència i funcionalitat (com a components bàsics de la qualitat) de l’acció dels centres, fixada en la valoració dels resultats en relació amb els objectius previstos; d’altra banda, en la transferència i assumpció d’una autonomia que permeti als centres – i, de manera més àmplia, al conjunt de la seva comunitat educativa – posar en marxa els mecanismes, eines i recursos que considerin més adients per contribuir a una millor gestió del sistema i assolir aquells objectius. En aquest model, l’administració educativa hauria d’establir els objectius i emetre les directrius, les orientacions i la normativa general, així com dispensar el finançament corresponent, tot realitzant el seguiment i control posterior. Per la seva banda, els centres haurien de retre comptes a l’administració, a la pròpia comunitat educativa i a la societat en general.
Podem considerar la metodologia de l’avaluació de centres educatius sota una doble visió: externa i interna. Quan parlem de la visió externa, fem referència principal a l’anàlisi de la manera de fer dels centres, dels seus mecanismes de regulació i control, dels seus resultats. Lògicament, en aquesta avaluació externa s’han de considerar les aportacions dels propis centres. Parlem, doncs, bàsicament, d’un model tècnic d’avaluació. Quan considerem l’avaluació interna es referim a aquella que exigeix una alta implicació de tots els actors i les seves actuacions vers la qualitat. Aquesta avaluació, que ha de comptar, si s’escau, amb suport extern, ha de ser formativa i sumativa. Parlem, doncs, d’un model participat d’autoavaluació.
El model d’avaluació externa fa servir eines elaborades fora del centre, estandarditzades, que permeten valorar els resultats i realitzar una comparació amb altres centres amb l’objectiu de realitzar la seva contextualització i identificar bones pràctiques. El control de l’avaluació està fora del centre i per això l’avaluació externa pot afectar la presa de decisió però en cap cas ha d’influir l’autonomia del centre. Un dels aspectes positius de l’avaluació externa és evitar la subjectivitat dels avaluadors.
El model d’avaluació interna (autoavaluació) és més participatiu i té més presents els processos i la seva adequació a les característiques de cada centre. Allò que dóna eficàcia al model és el treball en comú (amb el risc de subjectivitat i autocomplaença que això comporta) i que és el mateix centre qui té el control sobre l’avaluació. Aquest control pot ser total o bé estar encomanat a una entitat externa però el centre hi participa plenament i és propietari únic dels resultats.
Ara bé, no es tracta pas de dos model excloents. És de major importància la complementarietat d’aquests models que no pas la seva “concurrència competitiva”.
L’autoavaluació: una alternativa necessària en un marc d’autonomia
Els processos de descentralització i autonomia dels centres escolars, que ocupen avui un important espai de centralitat en l’acció educativa a Catalunya, troben certes dificultats conceptuals, estructurals i d’implantació. Una primera dificultat se situa en el fet que, en general, els centres educatius troben entrebancs a l’hora de considerar-se com a “ens morals”, amb un cert nivell d’autonomia, no tan sols en allò que fa referència a la gestió dels recursos humans, sinó també pel que fa a l’organització del treball i a la determinació dels currículums. És aquesta manca d’autoreconeixement la que, de vegades, fa que els centres no siguin capaços d’actuar de forma transparent i d’estructurar-se amb sistemes propis d’organitzacions democràtiques. Una segona dificultat es troba en l’acció mateixa del departament responsable en matèria educativa, la qual bascula entre dues tendències contraposades que es deixen sentir en l’organització funcional dels centres educatius: descentralització teòrica front centralització pràctica.
Front aquestes realitats contraposades s’està produint arreu del món una evolució jurídica avançada – el lideratge compartit-, segons la qual, l’escola, com a servei públic, ha de saber conciliar l’autonomia amb el “quadre de comandament” tradicional que dóna suport organitzatiu a la gestió del centre educatiu. En el marc d’aquesta conciliació, el repte més important és que els gestors dels centres educatius i els professionals de l’ensenyament siguin capaços de construir una metodologia de treball poc burocràtica, dotada d’una important càrrega de cooperació professional, d’una identitat col•lectiva coherent amb la cultura i valors de l’organització, d’un exercici del lideratge i d’una capacitat de mobilització, a l’entorn d’un projecte comú.
Des d’aquesta perspectiva, un centre educatiu podria convertir-se en una organització professional disposada a assumir, de manera col•lectiva, una triple responsabilitat:
• Desenvolupar dispositius d’ensenyament-aprenentatge de qualitat addicionals per ajudar l’alumnat a assolir els objectius formatius al final del seu cicle d’estudis.
• Identificar continuadament els canvis estructurals i pedagògics per tal d’integrar noves metodologies i recursos.
• Instaurar un clima i un mètode de treball que permetin explorar i desenvolupar les competències individuals i col•lectives existents.
En el marc d’aquesta perspectiva, els professionals de l’ensenyament esdevindrien actors principals i responsables dels canvis a emprendre en el sí dels centres educatius. Per això, seria necessari, a més:
a. Que l’administració responsable del sistema educatiu definís les finalitats comunes i un pla-marc d’actuació, en el qual els centres disposarien d’un ampli marge de maniobra en matèria de funcionament, de recursos humans i d’orientacions curriculars, on la visió de baix a dalt prevalgués enfront de la visió de dalt a baix.
b. Que les direccions i el professorat dels centres fessin seu el pla-marc i, prèvia negociació dels recursos, definissin el projecte de gestió, curricular i educatiu dels centres amb el màxim marge possible de llibertat.
c. Que cada centre educatiu concretés aquest projecte en un pla d’acció plurianual explícit, que fos sotmès anualment a autoavaluació i revisió, així com a una avaluació externa periòdica.
D’altra banda, la concepció habitual de l’avaluació institucional pot impulsar insidiosament “la cultura” del control, agreujar les desigualtats o desenvolupar una certa forma de “privatització” dels centres. Per això és important concebre l’avaluació institucional des d’una perspectiva sistèmica i en coherència amb les actuacions destinades a afermar l’autonomia i l’assumpció de responsabilitats per part dels centres. Aquesta diferent visió serà possible només si els centres són capaços de:
• Dotar-se d’un sistema eficaç d’autoavaluació, capaç de controlar i regular la posada en pràctica i el desenvolupament del propi projecte de centre.
• Definir, a partir del pla-marc propi les seves exigències de qualitat i introduir-ne els controls d’eficàcia i eficiència necessaris.
• Negociar, sobre la base dels resultats de l’autoavaluació, els ajustos necessaris: acceleració o alentiment de les actuacions a dur a terme, redefinició de prioritats, necessitat de recursos complementaris...
• Contrastar els resultats de l’autoavaluació amb els membres de la comunitat educativa.
• Comparar els resultats de l’autoavaluació amb els resultats d’altres centres de característiques similars, a partir de l’anàlisi de les variables rellevants que influeixen en aquests resultats.
• Negociar amb les autoritats educatives les modificacions (outputs interns i inputs externs) necessàries en el projecte de centre: redefinició de prioritats, augment de recursos personals o pedagògics, finançament addicional...
viernes, 18 de junio de 2010
Resultados educativos: los términos del debate
El desarrollo de la sociedad actual depende cada vez más del nivel de formación de su población, en un contexto mundial en el cual el acceso al conocimiento constituye un factor de concurrencia determinante. De esta manera, la escuela es uno de los fundamentos de la cohesión social y tiene asignado el objetivo de asegurar el éxito educativo de todas las personas, desde la perspectiva de su desarrollo integral, su actuación como ciudadano y su inserción profesional.
Hoy, más que nunca, se hace necesario un debate sobre los resultados de la educación (limitada aquí al espacio escolar, siendo conscientes de que la educación “es cosa de todos”). Estos últimos días, hemos tenido información por los medios de comunicación sobre dichos resultados referidos a la educación primaria. En otras ocasiones, nos informan sobre los de la secundaria, el bachillerato, la formación profesional. Generalmente, estas informaciones sitúan a la educación española en muy bajos niveles comparativamente con otros países de nuestro entorno. Y, también generalmente, junto a la información, aparece la autojustificación, la queja, la acusación, la lamentación… Pero no el propósito de enmienda sólido y coherentemente planificado.
Intentando situar el debate
1. El primer elemento a considerar, en relación con el éxito exigido a la educación, es el persistente nivel de “fracaso” o abandono escolar prematuro, mientras que, según los objetivos fijados por las diferentes leyes, orientaciones y directrices educativas, la escuela ha de aportar, principalmente, a todos sus alumnos una base común de conocimientos y competencias al acabar la escolaridad obligatoria, con el fin de prepararlos para lograr una cualificación adecuada y contribuir a la igualdad de oportunidades. Podemos afirmar que ninguno de estos objetivos se logra hoy, “en nuestra casa”.
Como la afirmación es rotunda, relaciono algunos ejemplos para ilustrar esta primera idea: una proporción considerable de alumnos (25,7%, media española) no alcanza el nivel adecuado de competencia en comprensión lectora; muchos jóvenes (18-24 años) abandonan prematuramente el sistema educativo (el 29,9% sin lograr el graduado en ESO; el 33,4% sin conseguir graduación postobligatoria); persisten fuertes desigualdades sociales en el sistema educativo (el 21% de jóvenes provenientes de un medio social desfavorecido obtienen una graduación postobligatoria frente al 78% de jóvenes de familias económicamente favorecidas).
2. Un segundo elemento a tener presente es la pertinencia, eficacia y eficiencia actual de la organización del sistema educativo que, por un lado, no da respuesta a los objetivos que le marcan las leyes y, por otro, no compensa de manera eficaz las consecuencias de las desigualdades sociales y culturales y genera, con demasiada frecuencia, un sentimiento de insatisfacción entre estudiantes, familias y profesorado.
3. Hay un tercer elemento a considerar que contribuye al éxito o el fracaso del y en el sistema que está integrado por diferentes factores: origen socio-profesional y económico de las familias, nivel educativo y papel de los padres con relación a la educación de los hijos, entorno económico, social y geográfico, problemas o disfunciones individuales de todo tipo.
4. El cuarto elemento está en manos de las políticas educativas: sistema de selección del profesorado, su formación inicial y continua, su seguimiento y control pedagógico y laboral; dotación de recursos de todo tipo a los centros; distribución del alumnado entre centros públicos y privados o entre centros de un mismo espacio territorial; sistema de orientación académica y profesional; calendario, curriculum, distribución horaria…
5. Como último elemento a considerar – podríamos alargar la lista - hemos de señalar que el sistema educativo español, en su conjunto y en las diferentes particularidades, está inadaptado a los nuevos retos que tiene planteados, pese a las sucesivas reformas educativas. Todos los dispositivos puestos en marcha han mostrado sus limitaciones porque se producen en el marco de una organización escolar inamovible e “inamovida” (salvo excepciones, ¡que no se diga!) y porque se han basado casi siempre en el voluntarismo de algunos profesionales. Ello motiva que el éxito de un alumno dependa del centro donde “ha tenido la suerte de caer”, de los profesores “que le han tocado” y de la familia con la que “por destino” vive. Poco hay que adjudicar al sistema educativo, es decir, a su estructura orgánica y funcional y a su política de gestión. En definitiva, es gracias (y pese a) la implicación de determinados profesores, padres y madres y entornos territoriales-sociales y al capital cultural heredado, que la educación alcanza o no el éxito que tiene asignado. Es gracias al recurso a la imaginación y a la buena voluntad de unos y otros que el sistema escolar se mantiene en funcionamiento pese a sus limitaciones y rigideces. Ello comporta, lógicamente, un importante factor de desigualdad.
Hoy, más que nunca, se hace necesario un debate sobre los resultados de la educación (limitada aquí al espacio escolar, siendo conscientes de que la educación “es cosa de todos”). Estos últimos días, hemos tenido información por los medios de comunicación sobre dichos resultados referidos a la educación primaria. En otras ocasiones, nos informan sobre los de la secundaria, el bachillerato, la formación profesional. Generalmente, estas informaciones sitúan a la educación española en muy bajos niveles comparativamente con otros países de nuestro entorno. Y, también generalmente, junto a la información, aparece la autojustificación, la queja, la acusación, la lamentación… Pero no el propósito de enmienda sólido y coherentemente planificado.
Intentando situar el debate
1. El primer elemento a considerar, en relación con el éxito exigido a la educación, es el persistente nivel de “fracaso” o abandono escolar prematuro, mientras que, según los objetivos fijados por las diferentes leyes, orientaciones y directrices educativas, la escuela ha de aportar, principalmente, a todos sus alumnos una base común de conocimientos y competencias al acabar la escolaridad obligatoria, con el fin de prepararlos para lograr una cualificación adecuada y contribuir a la igualdad de oportunidades. Podemos afirmar que ninguno de estos objetivos se logra hoy, “en nuestra casa”.
Como la afirmación es rotunda, relaciono algunos ejemplos para ilustrar esta primera idea: una proporción considerable de alumnos (25,7%, media española) no alcanza el nivel adecuado de competencia en comprensión lectora; muchos jóvenes (18-24 años) abandonan prematuramente el sistema educativo (el 29,9% sin lograr el graduado en ESO; el 33,4% sin conseguir graduación postobligatoria); persisten fuertes desigualdades sociales en el sistema educativo (el 21% de jóvenes provenientes de un medio social desfavorecido obtienen una graduación postobligatoria frente al 78% de jóvenes de familias económicamente favorecidas).
2. Un segundo elemento a tener presente es la pertinencia, eficacia y eficiencia actual de la organización del sistema educativo que, por un lado, no da respuesta a los objetivos que le marcan las leyes y, por otro, no compensa de manera eficaz las consecuencias de las desigualdades sociales y culturales y genera, con demasiada frecuencia, un sentimiento de insatisfacción entre estudiantes, familias y profesorado.
3. Hay un tercer elemento a considerar que contribuye al éxito o el fracaso del y en el sistema que está integrado por diferentes factores: origen socio-profesional y económico de las familias, nivel educativo y papel de los padres con relación a la educación de los hijos, entorno económico, social y geográfico, problemas o disfunciones individuales de todo tipo.
4. El cuarto elemento está en manos de las políticas educativas: sistema de selección del profesorado, su formación inicial y continua, su seguimiento y control pedagógico y laboral; dotación de recursos de todo tipo a los centros; distribución del alumnado entre centros públicos y privados o entre centros de un mismo espacio territorial; sistema de orientación académica y profesional; calendario, curriculum, distribución horaria…
5. Como último elemento a considerar – podríamos alargar la lista - hemos de señalar que el sistema educativo español, en su conjunto y en las diferentes particularidades, está inadaptado a los nuevos retos que tiene planteados, pese a las sucesivas reformas educativas. Todos los dispositivos puestos en marcha han mostrado sus limitaciones porque se producen en el marco de una organización escolar inamovible e “inamovida” (salvo excepciones, ¡que no se diga!) y porque se han basado casi siempre en el voluntarismo de algunos profesionales. Ello motiva que el éxito de un alumno dependa del centro donde “ha tenido la suerte de caer”, de los profesores “que le han tocado” y de la familia con la que “por destino” vive. Poco hay que adjudicar al sistema educativo, es decir, a su estructura orgánica y funcional y a su política de gestión. En definitiva, es gracias (y pese a) la implicación de determinados profesores, padres y madres y entornos territoriales-sociales y al capital cultural heredado, que la educación alcanza o no el éxito que tiene asignado. Es gracias al recurso a la imaginación y a la buena voluntad de unos y otros que el sistema escolar se mantiene en funcionamiento pese a sus limitaciones y rigideces. Ello comporta, lógicamente, un importante factor de desigualdad.
domingo, 6 de junio de 2010
Diàlegs sense alè
Ahir vaig assistir als anomenats “diàlegs pel progrés” que volen ser “espais d’escolta activa, posats a l’abast de la societat civil catalana [...] per tal que puguin incidir d’una manera real, directa i efectiva en les propostes programàtiques del partit [...], per tant, en les seves polítiques a curt, mig i llarg termini”.
Comencem per destacar l’eufemisme del frontispici “diàlegs pel progrés”. No puc negar que es tracta d’un espai de diàleg, però petar la xerrada davant d’una cervesa també és un espai de diàleg. Ara bé, què significa “progrés”? Aquí està l’eufemisme. En realitat, es fa servir aquesta paraula per substituir una altra que podria resultar ofensiva, descortès, grollera o malsonant (això és un eufemisme), és a dir, per substituir a “esquerra”. És com denominar “tècnic en residus sòlids urbans” als escombriaires.
En què s’han concretat els diàlegs d’avui? Diguem que en reflexionar sobre si l’acomiadament ha de ser amb indemnització de 45, 33 o 20 dies, sense posar en dubte el principi de l’acomiadament; si els joves treballadors o aspirants a ser-ho es troben en pitjor situació que d’altres col•lectius de treballadors, sense aportar possibles camins per a la millora; si “europa” ens diu que hem d’assolir un major percentatge de joves graduats en..., sense analitzar a fons el paper que hauria de jugar i no juga l’autoritat educativa, el professorat o la família; si la resta de països europeus (ningú no ha dit que la resta estan governats per partits de dretes, excepció feta dels nostres companys ibèrics) fan les mateixes polítiques que el govern espanyol, sense plantejar alternatives “de progrés”; i d’altres qüestions del mateix caire. Mera il•lustració política.
Mentre els membres d’un club selecte dialoguen a Sitges sobre (imagino) com continuar mantenint-se selectes, fent cas omís i sense importar-los la resta del món, un col•lectiu de dones i homes de progrés es dediquen a canviar impressions sobre si “los canes que les persiguen son galgos o podencos”. Ningú (ni jo tampoc) ha plantejat la qüestió principal: la manca d’audàcia de l’esquerra. En altra ocasió, vaig publicar una entrada en aquest bloc suggerint algunes propostes programàtiques possiblement massa audaces per a cossos de progrés. Ara torno a insistir. Considero que els diàlegs de l’esquerra, que van més enllà que els diàlegs de progrés, han d’anar per altres camins, en primer lloc, quant als seus continguts i, en segon lloc, quant a les possibles solucions.
Després d’uns anys de governs marcats per polítiques econòmiques irresponsables i injustes (siguem seriosos i valorem a fons, sense pal•liatius, aquestes polítiques dels dos últims governs de color diferent que hem tingut a Espanya), sembla que és necessari prendre decisions crucials. El creixement del dèficit, la pujada del deute públic, el progressiu desmantellament dels mecanismes de solidaritat –que fonamenten la cohesió social – semblen situar-nos davant d’un carreró que només té una sortida: inclinar el cap i sotmetre’s al mercat i els seus munyidors.
Les persones d’esquerres no som pas rucs. Som capaços de comprendre que, si les finances públiques trontollen, caldrà augmentar els impostos. Ara bé, necessitem tenir la certesa de que els esforços que cal fer seran repartits de manera equitativa. Aquí està la mare dels ous: des de l’esquerra s’ha d’afrontar una profunda reforma fiscal. També és imprescindible dur a terme d’altres actuacions, però aquesta és la primera i substancial, car sobre ella es fonamenten l’equitat i la cohesió social.
I el primer pas hauria de ser l’establiment d’un impost progressiu - simple, clar i just - basat en els ingressos. Un altre pas, tant important com l’anterior, seria restablir la fiscalitat sobre el patrimoni i les transmissions patrimonials. Un tercer pas requeriria fer aflorar l’economia submergida, car no és acceptable i equitatiu que un de cada quatre euros estigui amagat a les profunditats marines. Un quart pas implicaria crear i generalitzar una taxa ecològica, destinada no sols a la preservació sinó també a afavorir la investigació. Un cinquè pas es concretaria en la promoció d’un impost a les transaccions financeres especulatives (Brasil ho ha fet i està entre els països BRIC). Un sisè pas, que podria ser el primer, seria la creació d’una banca pública, destinada principalment a fer arribar el crèdit a les persones i les petites empreses.
Tot això, sense sortir de l’economia de mercat! Segur que encara hi ha moltes altres actuacions que es poden portar a terme, però, aquestes són més pròpies d’uns diàlegs d’esquerra. Construint a sobre podríem dialogar també, si s’escau, sobre el retall de salaris, l’acomiadament i el co-pagament sanitari, entre d’altres qüestions.
Comencem per destacar l’eufemisme del frontispici “diàlegs pel progrés”. No puc negar que es tracta d’un espai de diàleg, però petar la xerrada davant d’una cervesa també és un espai de diàleg. Ara bé, què significa “progrés”? Aquí està l’eufemisme. En realitat, es fa servir aquesta paraula per substituir una altra que podria resultar ofensiva, descortès, grollera o malsonant (això és un eufemisme), és a dir, per substituir a “esquerra”. És com denominar “tècnic en residus sòlids urbans” als escombriaires.
En què s’han concretat els diàlegs d’avui? Diguem que en reflexionar sobre si l’acomiadament ha de ser amb indemnització de 45, 33 o 20 dies, sense posar en dubte el principi de l’acomiadament; si els joves treballadors o aspirants a ser-ho es troben en pitjor situació que d’altres col•lectius de treballadors, sense aportar possibles camins per a la millora; si “europa” ens diu que hem d’assolir un major percentatge de joves graduats en..., sense analitzar a fons el paper que hauria de jugar i no juga l’autoritat educativa, el professorat o la família; si la resta de països europeus (ningú no ha dit que la resta estan governats per partits de dretes, excepció feta dels nostres companys ibèrics) fan les mateixes polítiques que el govern espanyol, sense plantejar alternatives “de progrés”; i d’altres qüestions del mateix caire. Mera il•lustració política.
Mentre els membres d’un club selecte dialoguen a Sitges sobre (imagino) com continuar mantenint-se selectes, fent cas omís i sense importar-los la resta del món, un col•lectiu de dones i homes de progrés es dediquen a canviar impressions sobre si “los canes que les persiguen son galgos o podencos”. Ningú (ni jo tampoc) ha plantejat la qüestió principal: la manca d’audàcia de l’esquerra. En altra ocasió, vaig publicar una entrada en aquest bloc suggerint algunes propostes programàtiques possiblement massa audaces per a cossos de progrés. Ara torno a insistir. Considero que els diàlegs de l’esquerra, que van més enllà que els diàlegs de progrés, han d’anar per altres camins, en primer lloc, quant als seus continguts i, en segon lloc, quant a les possibles solucions.
Després d’uns anys de governs marcats per polítiques econòmiques irresponsables i injustes (siguem seriosos i valorem a fons, sense pal•liatius, aquestes polítiques dels dos últims governs de color diferent que hem tingut a Espanya), sembla que és necessari prendre decisions crucials. El creixement del dèficit, la pujada del deute públic, el progressiu desmantellament dels mecanismes de solidaritat –que fonamenten la cohesió social – semblen situar-nos davant d’un carreró que només té una sortida: inclinar el cap i sotmetre’s al mercat i els seus munyidors.
Les persones d’esquerres no som pas rucs. Som capaços de comprendre que, si les finances públiques trontollen, caldrà augmentar els impostos. Ara bé, necessitem tenir la certesa de que els esforços que cal fer seran repartits de manera equitativa. Aquí està la mare dels ous: des de l’esquerra s’ha d’afrontar una profunda reforma fiscal. També és imprescindible dur a terme d’altres actuacions, però aquesta és la primera i substancial, car sobre ella es fonamenten l’equitat i la cohesió social.
I el primer pas hauria de ser l’establiment d’un impost progressiu - simple, clar i just - basat en els ingressos. Un altre pas, tant important com l’anterior, seria restablir la fiscalitat sobre el patrimoni i les transmissions patrimonials. Un tercer pas requeriria fer aflorar l’economia submergida, car no és acceptable i equitatiu que un de cada quatre euros estigui amagat a les profunditats marines. Un quart pas implicaria crear i generalitzar una taxa ecològica, destinada no sols a la preservació sinó també a afavorir la investigació. Un cinquè pas es concretaria en la promoció d’un impost a les transaccions financeres especulatives (Brasil ho ha fet i està entre els països BRIC). Un sisè pas, que podria ser el primer, seria la creació d’una banca pública, destinada principalment a fer arribar el crèdit a les persones i les petites empreses.
Tot això, sense sortir de l’economia de mercat! Segur que encara hi ha moltes altres actuacions que es poden portar a terme, però, aquestes són més pròpies d’uns diàlegs d’esquerra. Construint a sobre podríem dialogar també, si s’escau, sobre el retall de salaris, l’acomiadament i el co-pagament sanitari, entre d’altres qüestions.
miércoles, 2 de junio de 2010
Formació professional reglada: algunes reflexions i dades, després de l’avaluació
L’avaluació de la formació professional reglada de Catalunya ha ocupat bona part de la meva vida laboral dels tres últims anys. Són moltes les reflexions que he anat acumulant i d’altres que espero atresorar des d’una visió un xic més llunyana de l’actual. Hi ha, però, algunes primeres notes (no pas les més importants), que he pres al llarg d’aquests anys, que relaciono a continuació. Aquestes reflexions no formen part del cos de l’avaluació, són, per tant, anotacions estrictament personals (les reflexions qualitatives) preses durant el procés o d’elaboració pròpia (dades quantitatives).
1. Habitualment, es fan servir bastants llocs comuns alhora de parlar de la formació en relació amb l’ocupació. Llocs comuns que m’atreveixo a posar en dubte:
• “El mercat de treball demanda, cada cop més, major formació”. El resultat de l’avaluació no confirma aquest apriorisme. Tan sols els llocs de treball “selectes” exigeixen alta formació.
• “La formació professional ha de donar resposta a les demandes de l’empresa”. L’avaluació considera que seria més coherent actuar a la vegada des de múltiples fronts, implicant-hi el sistema educatiu-formatiu, el mercat de treball, el sistema de protecció social...
• “A més formació, millor ocupació”. L’avaluació ha demostrat clarament que l’alternança estudi-treball consolida la formació i l’ocupació del jovent. La formació professional “sola” no és l’únic valor afegit per apujar les oportunitats d’ocupació.
• “A més formació, feina de més qualitat”. De nou, l’avaluació no confirma aquesta frase feta: el 45% del jovent graduat en cicles formatius té contracte temporal.
2. Algunes dades significatives de la FP catalana i comparada amb alguns països de la UE amb relació a la formació contínua dels graduats:
• Àmbits formatius:
- Especialització: 24%
- RRHH, riscos: 17%
- Llengües estrangeres: 16%
- Logística: 15%
- Serveis a empreses: 11%
- Comercial: 10%
- TIC: 7%
• Raons de no haver realitzat formació contínua:
- No oferta de l’empresa: 34%
- No selecció per part de l’empresa: 12%
- Treball en microempresa: 13%
- Activitat massa específica (rutina): 12%
- Conjuntura econòmica desfavorable: 8%
• Percepció sobre el tipus de formació a realitzar en el futur:
- Llengües estrangeres: 26%
- Tècnica de l’especialitat: 24%
- Gestió, logística: 16%
- RRHH, riscos: 15%
- TIC: 13%
- Comercial: 8%
- Serveis a empreses: 7%
• Formació realitzada fora del temps de treball:
- Alemanya: 83%
- Espanya: 80%
- Anglaterra: 78%
- França: 64%
• Subjecte que finança la formació: autofinançament / empresa
- Alemanya: 60% / 40%
- Espanya: 57% / 37%
- Anglaterra: 55% / 38%
- França: 35% / 36%
[Les dades quantitatives comparades han estat preses de l’Observatoire Cegos].
1. Habitualment, es fan servir bastants llocs comuns alhora de parlar de la formació en relació amb l’ocupació. Llocs comuns que m’atreveixo a posar en dubte:
• “El mercat de treball demanda, cada cop més, major formació”. El resultat de l’avaluació no confirma aquest apriorisme. Tan sols els llocs de treball “selectes” exigeixen alta formació.
• “La formació professional ha de donar resposta a les demandes de l’empresa”. L’avaluació considera que seria més coherent actuar a la vegada des de múltiples fronts, implicant-hi el sistema educatiu-formatiu, el mercat de treball, el sistema de protecció social...
• “A més formació, millor ocupació”. L’avaluació ha demostrat clarament que l’alternança estudi-treball consolida la formació i l’ocupació del jovent. La formació professional “sola” no és l’únic valor afegit per apujar les oportunitats d’ocupació.
• “A més formació, feina de més qualitat”. De nou, l’avaluació no confirma aquesta frase feta: el 45% del jovent graduat en cicles formatius té contracte temporal.
2. Algunes dades significatives de la FP catalana i comparada amb alguns països de la UE amb relació a la formació contínua dels graduats:
• Àmbits formatius:
- Especialització: 24%
- RRHH, riscos: 17%
- Llengües estrangeres: 16%
- Logística: 15%
- Serveis a empreses: 11%
- Comercial: 10%
- TIC: 7%
• Raons de no haver realitzat formació contínua:
- No oferta de l’empresa: 34%
- No selecció per part de l’empresa: 12%
- Treball en microempresa: 13%
- Activitat massa específica (rutina): 12%
- Conjuntura econòmica desfavorable: 8%
• Percepció sobre el tipus de formació a realitzar en el futur:
- Llengües estrangeres: 26%
- Tècnica de l’especialitat: 24%
- Gestió, logística: 16%
- RRHH, riscos: 15%
- TIC: 13%
- Comercial: 8%
- Serveis a empreses: 7%
• Formació realitzada fora del temps de treball:
- Alemanya: 83%
- Espanya: 80%
- Anglaterra: 78%
- França: 64%
• Subjecte que finança la formació: autofinançament / empresa
- Alemanya: 60% / 40%
- Espanya: 57% / 37%
- Anglaterra: 55% / 38%
- França: 35% / 36%
[Les dades quantitatives comparades han estat preses de l’Observatoire Cegos].
martes, 27 de abril de 2010
La evaluación de las competencias y la docencia
La lógica de las competencias ha invadido todo el sistema de la educación-formación de tal modo que hoy cualquier propuesta de actuación o reforma del sistema se realiza en función de las competencias. Es lo que sucede en diferentes países donde los programas educativos toman como fundamento las “competencias básicas” (España), el “zócalo común de competencia” (Francia) o el “referencial de competencias” (EEUU). El interés por las competencias es, sin embargo, antiguo pues ya en los años 60 y 70 del siglo XX las puso de moda la psicología organizativa estadounidense.
Frente a esta tendencia aparece una cierta propensión, entre buena parte de los teóricos y los profesionales de la educación, a considerar negativo su uso como principal referente de medida de los logros educativos. Incluso se valora el hecho como una impostación que sólo tiene como finalidad expresar de manera diferente algo que siempre se ha conocido como la capacidad de aprender, expresar la propia opinión y defenderla con argumentos racionales, comunicarse con personas que piensan de manera diferente, resolver problemas... E incluso, muchos se preguntan, y no encuentran la respuesta, qué son exactamente las competencias.
No obstante, parece realmente necesario que, además de esos saberes “tradicionales”, los jóvenes estudiantes adquieran hoy una serie de capacidades y saberes indispensables propios de la sociedad que nos ha tocado vivir: valorar y analizar la información, pensar de manera creativa, resolver problemas en una situación inédita, producir ideas propias, seleccionar entre una masa de información… A todos ellos y otros muchos se conviene en denominar “competencias”. Ahora bien, se trata tan sólo de competencias cognitivas fáciles, hasta cierto punto, de normalizar y cuantificar. Debe buscarse también la manera de estandarizar y evaluar las habilidades y el crecimiento personal no cognitivo (la autonomía, la capacidad de participación e integración, el trabajo en equipo, la cooperación…).
¿Qué está sucediendo en realidad? Las evaluaciones externas de todo tipo (ya sean nacionales o internacionales), utilizan a gran escala las competencias como único referente. Por otro lado, estas evaluaciones se basan, generalmente, en valorar los resultados del proceso educativo, suministrando a los estudiantes unos cuestionarios, de fácil corrección, basados en la elección de una respuesta entre varias posibles o en la interpretación de textos a partir de frases o expresiones que pueden encontrase en su contenido. Las pruebas PISA han aumentado algo en complejidad diseñando cuestionarios más elaborados, con escala de dificultad creciente, pero sin llegar a plantear preguntas abiertas. Otro tipo de pruebas se han ensayado en algunos países, pero han sido dejadas de lado por su dificultad de valoración, como las que evalúan las competencias necesarias para la adaptación del individuo en países extranjeros, haciendo una distinción entre competencias dinámicas y estables (las denominadas cross-cultural competencies).
Esta realidad de las técnicas empleadas para evaluar las competencias plantea ciertamente un problema principal: la introducción de estos aprendizajes en los programas educativos y formativos, considerando la idoneidad y las aptitudes de un profesorado que, mayoritariamente, no ha crecido en una cultura que los propicia. A ello hay que añadir una complicación más: el sistema de evaluación de dichas competencias. Ambos hechos pueden llevar a los estudiantes a encontrarse cautivos de un sistema de evaluación para el cual no están suficientemente adiestrados (preparados, educados, formados).
Para que la evaluación de las competencias tenga los resultados que se le piden es imprescindible la personalización de la educación-formación. Se trata de favorecer en el estudiante la construcción de una red de instrumentos, métodos, sistemas de correlación, destrezas generales, capaces todos ellos de ayudarle a elaborar un régimen dinámico de conocimientos y habilidades acompañados de la capacidad de utilizarlos en diferentes contextos similares o análogos. Se trata, en fin, de permitir que el estudiante demuestre lo que puede hacer con lo que sabe, utilizando lo que está aprendiendo en su vida, dentro y fuera de la escuela.
Frente a esta tendencia aparece una cierta propensión, entre buena parte de los teóricos y los profesionales de la educación, a considerar negativo su uso como principal referente de medida de los logros educativos. Incluso se valora el hecho como una impostación que sólo tiene como finalidad expresar de manera diferente algo que siempre se ha conocido como la capacidad de aprender, expresar la propia opinión y defenderla con argumentos racionales, comunicarse con personas que piensan de manera diferente, resolver problemas... E incluso, muchos se preguntan, y no encuentran la respuesta, qué son exactamente las competencias.
No obstante, parece realmente necesario que, además de esos saberes “tradicionales”, los jóvenes estudiantes adquieran hoy una serie de capacidades y saberes indispensables propios de la sociedad que nos ha tocado vivir: valorar y analizar la información, pensar de manera creativa, resolver problemas en una situación inédita, producir ideas propias, seleccionar entre una masa de información… A todos ellos y otros muchos se conviene en denominar “competencias”. Ahora bien, se trata tan sólo de competencias cognitivas fáciles, hasta cierto punto, de normalizar y cuantificar. Debe buscarse también la manera de estandarizar y evaluar las habilidades y el crecimiento personal no cognitivo (la autonomía, la capacidad de participación e integración, el trabajo en equipo, la cooperación…).
¿Qué está sucediendo en realidad? Las evaluaciones externas de todo tipo (ya sean nacionales o internacionales), utilizan a gran escala las competencias como único referente. Por otro lado, estas evaluaciones se basan, generalmente, en valorar los resultados del proceso educativo, suministrando a los estudiantes unos cuestionarios, de fácil corrección, basados en la elección de una respuesta entre varias posibles o en la interpretación de textos a partir de frases o expresiones que pueden encontrase en su contenido. Las pruebas PISA han aumentado algo en complejidad diseñando cuestionarios más elaborados, con escala de dificultad creciente, pero sin llegar a plantear preguntas abiertas. Otro tipo de pruebas se han ensayado en algunos países, pero han sido dejadas de lado por su dificultad de valoración, como las que evalúan las competencias necesarias para la adaptación del individuo en países extranjeros, haciendo una distinción entre competencias dinámicas y estables (las denominadas cross-cultural competencies).
Esta realidad de las técnicas empleadas para evaluar las competencias plantea ciertamente un problema principal: la introducción de estos aprendizajes en los programas educativos y formativos, considerando la idoneidad y las aptitudes de un profesorado que, mayoritariamente, no ha crecido en una cultura que los propicia. A ello hay que añadir una complicación más: el sistema de evaluación de dichas competencias. Ambos hechos pueden llevar a los estudiantes a encontrarse cautivos de un sistema de evaluación para el cual no están suficientemente adiestrados (preparados, educados, formados).
Para que la evaluación de las competencias tenga los resultados que se le piden es imprescindible la personalización de la educación-formación. Se trata de favorecer en el estudiante la construcción de una red de instrumentos, métodos, sistemas de correlación, destrezas generales, capaces todos ellos de ayudarle a elaborar un régimen dinámico de conocimientos y habilidades acompañados de la capacidad de utilizarlos en diferentes contextos similares o análogos. Se trata, en fin, de permitir que el estudiante demuestre lo que puede hacer con lo que sabe, utilizando lo que está aprendiendo en su vida, dentro y fuera de la escuela.
martes, 6 de abril de 2010
Necesidad y urgencia de evaluar las políticas públicas
Necesidad y urgencia de evaluar las políticas públicas
La cultura de la evaluación de las políticas públicas comienza a abrirse camino en España, muy lentamente eso sí, aunque desde una óptica más económica que social. Queda por ver cuál es el impacto de esta evaluación en la práctica política posterior. Habitualmente, de una evaluación rigurosa a la puesta en práctica de políticas eficaces y bien fundamentadas hay “mucho trecho”.
Sin embargo, considero que una evaluación convincente en la que los resultados hablen claramente y concretamente a los ciudadanos puede ser ejemplarizante, puede hacer inclinar la balanza hacia el lado bueno. Las evaluaciones contienen un componente empírico, objetivo, que, si se difunde con rigor puede crear opinión pública, habitualmente reticente con lo público, y reducir la parte ideológica que suele comportar “mirar de reojo” a lo público. Del valor positivo que tiene la evaluación de estas políticas saben bastante en Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Finlandia… Habría que ir trabajando en la misma línea en nuestro país. Tengo la impresión de que, más temprano que tarde, se podría llegar a incorporar social y políticamente el valor añadido de la evaluación.
Para favorecer este valor añadido será necesario utilizar en la evaluación un análisis de abajo arriba, que los datos y los resultados emanen del conjunto de la sociedad. Una valoración de estas características tiene muchas posibilidades de ser recibida positivamente por la ciudadanía.
A ello sería necesario añadir una gran transparencia en la metodología empleada y una, aún mayor, gran claridad de vocabulario. En la misma línea, habría que evitar las evaluaciones ex ante, nada evocadoras para el conjunto de la población. Sin embargo, tienen un mayor interés las evaluaciones ex post en las que se reflejan los efectos y los resultados de las políticas aplicadas. Incluso pueden tener un buen nivel de recepción las evaluaciones de impacto y causalidad, que comparan los resultados alcanzados con las “causas” que los han favorecido o perjudicado.
Hoy, inmersos en una crisis económica, sería de gran utilidad evaluar las políticas sociales y de empleo, analizando los efectos reales que tienen sobre la economía y sobre la sociedad. Para que las evaluaciones fuesen inteligibles y asumidas, sería conveniente huir de modelos macroeconómicos y definir parámetros e indicadores que hablen por sí mismos, que permitan logran unos resultados que provoquen un choque social porque sea fácil identificar en ellos los efectos logrados.
Igualmente, y con los mismos posibles efectos sociales positivos, sería necesario evaluar aquellas políticas que, destinadas a favorecer el empleo, tienen escaso contenido social (por ejemplo, las políticas destinadas a rebajar las cargas sociales de las empresas relacionándolas con las dinámicas sociales que generan). Y habría que hacerlo de manera “ofensiva” (al ataque, en términos guerreros o futbolísticos), lejos del carácter defensivo – justificativo - con el que, en general, se valoran las políticas públicas.
La cultura de la evaluación de las políticas públicas comienza a abrirse camino en España, muy lentamente eso sí, aunque desde una óptica más económica que social. Queda por ver cuál es el impacto de esta evaluación en la práctica política posterior. Habitualmente, de una evaluación rigurosa a la puesta en práctica de políticas eficaces y bien fundamentadas hay “mucho trecho”.
Sin embargo, considero que una evaluación convincente en la que los resultados hablen claramente y concretamente a los ciudadanos puede ser ejemplarizante, puede hacer inclinar la balanza hacia el lado bueno. Las evaluaciones contienen un componente empírico, objetivo, que, si se difunde con rigor puede crear opinión pública, habitualmente reticente con lo público, y reducir la parte ideológica que suele comportar “mirar de reojo” a lo público. Del valor positivo que tiene la evaluación de estas políticas saben bastante en Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Finlandia… Habría que ir trabajando en la misma línea en nuestro país. Tengo la impresión de que, más temprano que tarde, se podría llegar a incorporar social y políticamente el valor añadido de la evaluación.
Para favorecer este valor añadido será necesario utilizar en la evaluación un análisis de abajo arriba, que los datos y los resultados emanen del conjunto de la sociedad. Una valoración de estas características tiene muchas posibilidades de ser recibida positivamente por la ciudadanía.
A ello sería necesario añadir una gran transparencia en la metodología empleada y una, aún mayor, gran claridad de vocabulario. En la misma línea, habría que evitar las evaluaciones ex ante, nada evocadoras para el conjunto de la población. Sin embargo, tienen un mayor interés las evaluaciones ex post en las que se reflejan los efectos y los resultados de las políticas aplicadas. Incluso pueden tener un buen nivel de recepción las evaluaciones de impacto y causalidad, que comparan los resultados alcanzados con las “causas” que los han favorecido o perjudicado.
Hoy, inmersos en una crisis económica, sería de gran utilidad evaluar las políticas sociales y de empleo, analizando los efectos reales que tienen sobre la economía y sobre la sociedad. Para que las evaluaciones fuesen inteligibles y asumidas, sería conveniente huir de modelos macroeconómicos y definir parámetros e indicadores que hablen por sí mismos, que permitan logran unos resultados que provoquen un choque social porque sea fácil identificar en ellos los efectos logrados.
Igualmente, y con los mismos posibles efectos sociales positivos, sería necesario evaluar aquellas políticas que, destinadas a favorecer el empleo, tienen escaso contenido social (por ejemplo, las políticas destinadas a rebajar las cargas sociales de las empresas relacionándolas con las dinámicas sociales que generan). Y habría que hacerlo de manera “ofensiva” (al ataque, en términos guerreros o futbolísticos), lejos del carácter defensivo – justificativo - con el que, en general, se valoran las políticas públicas.
jueves, 25 de marzo de 2010
El Pacto social y político por la educación (2)
El Pacto social y político por la educación (2)
Después del encuentro en la Fundación Alternativas (16 de febrero de 2010) he de decir que mantengo en mis observaciones iniciales. Creo que un PACTO (así, con mayúsculas) basado en 137 propuestas de acción, no tiene propiamente las características que le correspondería. Es más, visto lo visto en la jornada de trabajo, mucho me temo que el número de propuestas aumentará. El Ministro es optimista, el Director General de Formación Profesional, también. Él está siendo el mullidor del Pacto, por tanto, debe tener muchos argumentos para la esperanza. A mí me han quedado dudas sobre su viabilidad o de que, después de aceptado (aprobado en ambas Cámaras), haya lealtad institucional por parte de las CCAA. No olvidemos que las competencias en educación están transferidas y podemos encontrarnos con que algunas de ellas se conviertan en “objetores educativos” a modo de las que son “objetores fiscales”.
Sería largo y prolijo detallar todo el contenido de los debates en los que participamos un total de 52 personas, representantes de diferentes sectores del ámbito educativo, menos de aquél al que pertenecen los que están al pie de obra. Lógicamente, estaban en la obra. Reflejaré a continuación algunos temas que fueron saliendo a lo largo de los debates y, como colofón, relataré algunos temas que no he encuentro claros en las propuestas del Pacto.
Temas tratados
El Ministro expuso las ideas que sustentan los contenidos del Pacto, que se resumen en:
• El diálogo.
• El Gobierno vincula su acción a la palabra (al logos), que es pensamiento, debate, reflexión y curiosidad. Ésta como herramienta de mejora y transformación.
• La crisis económica exige un cambio de modelo, que ha de estar basado en la educación y la formación.
• Podemos flagelarnos y culparnos por todo aquello que hemos hecho mal, pero también hemos hecho bien muchas cosas: universalización de la educación, trabajo duro en las aulas día a día.
• El Pacto no es un fin en sí mismo.
• Las competencias sobre educación están en el Estado de las Autonomías. Es responsabilidad del Ministro potenciar el equilibrio de las políticas, darles estabilidad, ofrecer cooperación y dotarlas de coherencia. Nunca vertebrarlas.
• Si no se llega a firmar el Pacto “no echaremos la llave y nos iremos, llevaremos a cabo sus contenidos”.
• El referente principal de los contenidos del Pacto es la Estrategia de Lisboa.
• Es una aspiración que el 2020 estén escolarizados todos los niños y jóvenes de 0 a 18 años.
Al lado de esta toma de posición, la representante del Partido Popular expuso brevemente sus ideas:
• De acuerdo con el Pacto, no aceptación de acuerdos puntuales.
• Exigencia de un bachillerato de 3 años, con obligatoriedad hasta los 16.
• Último curso de secundaria obligatoria con vías diferentes.
• Concesión de autonomía a los centros.
• Especialización curricular de los centros.
• Aumento de los recursos para conciertos educativos y libertad total de elección de centros.
• La evaluación como instrumento de prelación de centros que obtienen buenos resultados.
• Aumento de los presupuestos para educación.
• Ampliación del catálogo de especialidades en formación profesional.
• Erasmus para estudiantes de FP.
A partir de esta toma de posición, los representantes de algunos sindicatos de profesores y de las asociaciones de padres y madres de alumnos marcaron sus diferentes posicionamientos, siempre desde el punto de vista de que el pacto es necesario y urgente. Algunas ideas expuestas:
Lealtad institucional por parte de las CCAA y los partidos políticos.
Reducción de ratios.
Aumento recursos financieros.
Estatuto docente.
Prevención ante la flexibilidad en 4º de ESO. En todo caso, obligatoriedad de existencia de ambas opciones en todos los centros, también en los concertados.
El pacto como instrumento para acabar con el “desorden” implantado por las CCAA.
El debate general posterior se centró principalmente en los temas siguientes:
• Formación permanente del profesorado. Profesorado multilingüe.
• Nuevo protagonismo de los centros: autonomía y rendición de cuentas.
• El proyecto educativo como eje de actuación y necesidad de pasar del proyecto de centro a la escuela-red.
• Estabilidad de los docentes.
• Consistencia de las normas administrativas.
• La carrera y el estatuto docentes.
• Innovación.
• Autonomía de centros: cuál.
• Contrato-programa como “desiderátum”, pero de difícil viabilidad.
• La evaluación y el peligro de convertirla en “rutina”.
• La repetición como fenómeno.
• Inversión versus gasto.
Observaciones propias
1. Todos los contenidos del Pacto rezuman una cierta sumisión a las exigencias del mercado. Así aparece ya en la parte del mismo dedicada a los objetivos de la educación para la década 2010-2020. Se razona que “dado que sólo el 15% de los empleos serán para personas sin ninguna cualificación” ergo “es necesario que el 85% tengan una formación equivalente a formación profesional de grado medio o bachillerato. Esta especie de relación causa-efecto entre necesidades del mercado de trabajo (cosa que está por demostrar) y demandas formativas se hace patente en diferentes propuestas.
2. El documento evidencia la necesidad de instaurar la cultura de la evaluación en el sistema educativo y declara necesario que la evaluación conozca tanto e funcionamiento general del sistema educativo como las competencias básicas del alumnado. Sin embargo, a la hora de desgranar en propuestas este objetivo, sólo se concreta la parte que afecta al alumnado y al profesorado y las acciones que se proponen se destinan sólo a valorar los resultados logrados.
3. La formación profesional del ámbito educativo continúa considerándose como algo ajeno a la formación profesional en su conjunto: articulación de servicios, de información, de bases de datos, de sistemas de orientación, de fuentes de financiación, de agentes y de actores.
4. Aunque verbalmente se diga lo contario, las propuestas contenidas en el Pacto olvidan que las competencias en materia educativa están en manos de las CCAA. El “territorio MEC” no existe ya. Por ello, determinadas propuestas están destinadas a ser posibles casus belli: el incremento de determinadas ofertas formativas y de su tipología (presencial, a distancia, horarios nocturnos…), cuando ello supone aumento de plantillas; revisar el papel de las escuelas taller y las casas de oficios, cuando algunas Comunidades han eliminado estos programas de sus planes de acción.
5. ¿Cómo se llevará a cabo la propuesta 43 sin contar con la correspondiente consejería encargada de la materia de trabajo?: “Estableceremos las medidas y los acuerdos necesarios para que todos los jóvenes menores de 18 años que se incorporen al mercado laboral puedan compatibilizar formación y empleo”. Asimismo, resulta como mínimo ilusoria la propuesta 61 si no existe previamente un pacto interconsejerías: “Desarrollaremos un sistema Integrado de Información y Orientación Profesional”.
6. La autonomía de los centros se considera una necesidad inaplazable, aunque no se relaciona con la lógica corresponsabilidad. Por otro lado, la única propuesta que se concreta se queda muy corta y se reduce a la organización de grupos, horarios y tareas docentes. La propuesta de impulsar contratos-programa plurianuales es positiva, sólo que legalmente es imposible de llevar a cabo por el propio concepto de contrato-programa. Habrá que buscar otra formulación. Hay una propuesta importante que puede realmente dar autonomía a los centros: la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación, innovación y experimentación.
7. Las propuestas relacionadas con el reconocimiento profesional y social del profesorado contienen aspectos interesantes, sobre todo en lo referente al Estatuto Básico de la Función Docente, aunque éste se vea condicionado por las competencias autonómicas.
8. Finalmente, es loable proponerse la “equiparación con la Unión Europea, en lo que se refiere a la inversión total en educación en relación con el PIB, antes de 2015”. No estaría mal, sin embargo, que el Pacto fuera más concreto, teniendo presente que las elecciones parlamentarias están previstas para el 2012.
Después del encuentro en la Fundación Alternativas (16 de febrero de 2010) he de decir que mantengo en mis observaciones iniciales. Creo que un PACTO (así, con mayúsculas) basado en 137 propuestas de acción, no tiene propiamente las características que le correspondería. Es más, visto lo visto en la jornada de trabajo, mucho me temo que el número de propuestas aumentará. El Ministro es optimista, el Director General de Formación Profesional, también. Él está siendo el mullidor del Pacto, por tanto, debe tener muchos argumentos para la esperanza. A mí me han quedado dudas sobre su viabilidad o de que, después de aceptado (aprobado en ambas Cámaras), haya lealtad institucional por parte de las CCAA. No olvidemos que las competencias en educación están transferidas y podemos encontrarnos con que algunas de ellas se conviertan en “objetores educativos” a modo de las que son “objetores fiscales”.
Sería largo y prolijo detallar todo el contenido de los debates en los que participamos un total de 52 personas, representantes de diferentes sectores del ámbito educativo, menos de aquél al que pertenecen los que están al pie de obra. Lógicamente, estaban en la obra. Reflejaré a continuación algunos temas que fueron saliendo a lo largo de los debates y, como colofón, relataré algunos temas que no he encuentro claros en las propuestas del Pacto.
Temas tratados
El Ministro expuso las ideas que sustentan los contenidos del Pacto, que se resumen en:
• El diálogo.
• El Gobierno vincula su acción a la palabra (al logos), que es pensamiento, debate, reflexión y curiosidad. Ésta como herramienta de mejora y transformación.
• La crisis económica exige un cambio de modelo, que ha de estar basado en la educación y la formación.
• Podemos flagelarnos y culparnos por todo aquello que hemos hecho mal, pero también hemos hecho bien muchas cosas: universalización de la educación, trabajo duro en las aulas día a día.
• El Pacto no es un fin en sí mismo.
• Las competencias sobre educación están en el Estado de las Autonomías. Es responsabilidad del Ministro potenciar el equilibrio de las políticas, darles estabilidad, ofrecer cooperación y dotarlas de coherencia. Nunca vertebrarlas.
• Si no se llega a firmar el Pacto “no echaremos la llave y nos iremos, llevaremos a cabo sus contenidos”.
• El referente principal de los contenidos del Pacto es la Estrategia de Lisboa.
• Es una aspiración que el 2020 estén escolarizados todos los niños y jóvenes de 0 a 18 años.
Al lado de esta toma de posición, la representante del Partido Popular expuso brevemente sus ideas:
• De acuerdo con el Pacto, no aceptación de acuerdos puntuales.
• Exigencia de un bachillerato de 3 años, con obligatoriedad hasta los 16.
• Último curso de secundaria obligatoria con vías diferentes.
• Concesión de autonomía a los centros.
• Especialización curricular de los centros.
• Aumento de los recursos para conciertos educativos y libertad total de elección de centros.
• La evaluación como instrumento de prelación de centros que obtienen buenos resultados.
• Aumento de los presupuestos para educación.
• Ampliación del catálogo de especialidades en formación profesional.
• Erasmus para estudiantes de FP.
A partir de esta toma de posición, los representantes de algunos sindicatos de profesores y de las asociaciones de padres y madres de alumnos marcaron sus diferentes posicionamientos, siempre desde el punto de vista de que el pacto es necesario y urgente. Algunas ideas expuestas:
Lealtad institucional por parte de las CCAA y los partidos políticos.
Reducción de ratios.
Aumento recursos financieros.
Estatuto docente.
Prevención ante la flexibilidad en 4º de ESO. En todo caso, obligatoriedad de existencia de ambas opciones en todos los centros, también en los concertados.
El pacto como instrumento para acabar con el “desorden” implantado por las CCAA.
El debate general posterior se centró principalmente en los temas siguientes:
• Formación permanente del profesorado. Profesorado multilingüe.
• Nuevo protagonismo de los centros: autonomía y rendición de cuentas.
• El proyecto educativo como eje de actuación y necesidad de pasar del proyecto de centro a la escuela-red.
• Estabilidad de los docentes.
• Consistencia de las normas administrativas.
• La carrera y el estatuto docentes.
• Innovación.
• Autonomía de centros: cuál.
• Contrato-programa como “desiderátum”, pero de difícil viabilidad.
• La evaluación y el peligro de convertirla en “rutina”.
• La repetición como fenómeno.
• Inversión versus gasto.
Observaciones propias
1. Todos los contenidos del Pacto rezuman una cierta sumisión a las exigencias del mercado. Así aparece ya en la parte del mismo dedicada a los objetivos de la educación para la década 2010-2020. Se razona que “dado que sólo el 15% de los empleos serán para personas sin ninguna cualificación” ergo “es necesario que el 85% tengan una formación equivalente a formación profesional de grado medio o bachillerato. Esta especie de relación causa-efecto entre necesidades del mercado de trabajo (cosa que está por demostrar) y demandas formativas se hace patente en diferentes propuestas.
2. El documento evidencia la necesidad de instaurar la cultura de la evaluación en el sistema educativo y declara necesario que la evaluación conozca tanto e funcionamiento general del sistema educativo como las competencias básicas del alumnado. Sin embargo, a la hora de desgranar en propuestas este objetivo, sólo se concreta la parte que afecta al alumnado y al profesorado y las acciones que se proponen se destinan sólo a valorar los resultados logrados.
3. La formación profesional del ámbito educativo continúa considerándose como algo ajeno a la formación profesional en su conjunto: articulación de servicios, de información, de bases de datos, de sistemas de orientación, de fuentes de financiación, de agentes y de actores.
4. Aunque verbalmente se diga lo contario, las propuestas contenidas en el Pacto olvidan que las competencias en materia educativa están en manos de las CCAA. El “territorio MEC” no existe ya. Por ello, determinadas propuestas están destinadas a ser posibles casus belli: el incremento de determinadas ofertas formativas y de su tipología (presencial, a distancia, horarios nocturnos…), cuando ello supone aumento de plantillas; revisar el papel de las escuelas taller y las casas de oficios, cuando algunas Comunidades han eliminado estos programas de sus planes de acción.
5. ¿Cómo se llevará a cabo la propuesta 43 sin contar con la correspondiente consejería encargada de la materia de trabajo?: “Estableceremos las medidas y los acuerdos necesarios para que todos los jóvenes menores de 18 años que se incorporen al mercado laboral puedan compatibilizar formación y empleo”. Asimismo, resulta como mínimo ilusoria la propuesta 61 si no existe previamente un pacto interconsejerías: “Desarrollaremos un sistema Integrado de Información y Orientación Profesional”.
6. La autonomía de los centros se considera una necesidad inaplazable, aunque no se relaciona con la lógica corresponsabilidad. Por otro lado, la única propuesta que se concreta se queda muy corta y se reduce a la organización de grupos, horarios y tareas docentes. La propuesta de impulsar contratos-programa plurianuales es positiva, sólo que legalmente es imposible de llevar a cabo por el propio concepto de contrato-programa. Habrá que buscar otra formulación. Hay una propuesta importante que puede realmente dar autonomía a los centros: la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación, innovación y experimentación.
7. Las propuestas relacionadas con el reconocimiento profesional y social del profesorado contienen aspectos interesantes, sobre todo en lo referente al Estatuto Básico de la Función Docente, aunque éste se vea condicionado por las competencias autonómicas.
8. Finalmente, es loable proponerse la “equiparación con la Unión Europea, en lo que se refiere a la inversión total en educación en relación con el PIB, antes de 2015”. No estaría mal, sin embargo, que el Pacto fuera más concreto, teniendo presente que las elecciones parlamentarias están previstas para el 2012.
lunes, 15 de marzo de 2010
El pacto social y político por la educación (2)
Algunos aspectos concretos a considerar de las "Propuestas" para el pacto
domingo, 14 de marzo de 2010
El pacto social y político por la educación (1)
El próximo día 16 participo en una jornada de trabajo dedicada a analizar la propuesta de pacto educativo, organizada por la Fundación Alternativas. He sido invitado como “investigador pedagógico”. A mi edad, es la primera vez que alguien se dirige a mí tratándome de cosa tamaña. Quiero entender que o bien la nómina de las vacas sagradas en este sector se está acabando, cosa que dudo - el mundo está lleno de doctores doctos en educación primaria y secundaria sin haber pisado una de sus aulas en su vida -, o bien hay pocos jóvenes que merecen estar colocados en el altar del saber pedagógico. Al parecer la jornada será una gran misa con el Ministro de Educación como primer oficiante, con algunos componentes del obispado (los dos mayores partidos del Estado y de los sindicatos de la enseñanza) y algunos curas de capitales universitarias. El pueblo fiel seremos gente de diferente laya, pero todo muy oficial, gente que tiene detrás algún “mérito” político, sindical o pedagógico. Sorprende la ausencia, al menos en el papel, de gentes de partidos políticos menores y del gremio del profesorado no universitario.
Sea como fuere, quiero dejar algunas reflexiones previas al encuentro sobre el documento de Propuestas para el pacto social y político por la educación. Si, al retorno de su celebración, me veo con ánimo para comunicar qué ha salido como resultado de la jornada, lo plasmaré.
Quiero recordar antes que el documento de propuestas que actualmente disponemos, al que hago referencia, data del 3 de febrero de 2010 y es el resultado de los avances hacia el pacto realizados después de la presentación de un primer documento en el Parlamento, el día 10 de enero.
¿Qué dice el documento de propuestas?
El referido documento se inicia con un preámbulo que realiza una declaración de intenciones y objetivos del Pacto a partir de una idea principal: la educación como bien público común. Después, se pasa a desgranar las intenciones y los objetivos. Realmente, sólo aparece una intención: conseguir un pacto que sea el resultado de la implicación colectiva, asumiendo cada uno sus responsabilidades, sin olvidar que son las administraciones educativas, en plural, las que tiene “la” responsabilidad.
En cuanto a los objetivos que se deberían compartir, el documento hace una recopilación de los aspectos propios de toda “educación republicana”, pasada por la ilustración del siglo XX: principios de equidad y excelencia; educación inclusiva, intercultural y plural; cultura del trabajo y del esfuerzo; libertad de enseñanza; educación como bien público.
A partir de estas declaraciones de principios, el documento desgrana de manera prolija los objetivos de la educación para la década 2010-2020. Evidentemente, dadas sus características no desgranaré aquí las 137 propuestas que propone el Pacto. Ahora, bien, como me parece significativa la agrupación que se realiza de las mismas, las presento agrupadas a continuación, tal y como hace el mismo documento:
El éxito educativo de todos los estudiantes.
Equidad y excelencia. La evaluación como factor para mejorar la calidad de la educación.
Flexibilidad del sistema educativo. Estudios postobligatorios, formación y empleo.
La formación profesional como instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico.
Nuevas formas de enseñar y de aprender: el papel de las TIC.
Multilingüismo. Impulso al aprendizaje de idiomas.
La educación como bien público y derecho público de toda la sociedad.
Modernización e internacionalización de las universidades. Formación, investigación, transferencia del conocimiento y responsabilidad social.
Dimensión social de la educación: becas y ayudas al estudio.
Convivencia y educación en valores. Implicación de la familia, del profesorado y de la sociedad.
Profesorado: reconocimiento profesional y social del docente.
Educación inclusiva, diversidad e interculturalidad. Derecho a la diferencia sin diferencia de derechos.
A continuación, el documento desgrana cuatro propuestas sobre participación y apertura del proceso, estabilidad normativa, financiación y memoria económica, seguimiento y aplicación.
¿Qué decir sobre el documento?
Me limito también a plantear algunas observaciones de tipo general, a modo de enunciado de principios. Entrar a analizar cada una de las propuestas sería, además de largo y pesado, un ejercicio inútil, pues parto de la idea de que estamos ante un proceso que camina hacia un pacto, no ante un programa de acción.
Sin embargo, mi primera observación es que la propuesta presentada por el Ministerio de Educación no tiene las características propias de un pacto, sino las de un programa de acción. Se llegue al resultado final que se llegue, es decir, haya pacto o no, el documento es más una recopilación de propuestas de acción que parecen recogidas de diversos programas electorales (realmente, sólo de dos, con predominio de uno). No se trata en realidad de un documento programático que propulsa un pacto.
¿Por dónde debería ir el Pacto? Reconociendo el valor intrínseco de los objetivos que plantea, tal vez su contenido tendría que ir por otros caminos y tratar exclusivamente a grandes rasgos / grandes líneas de trabajo / grandes acuerdos, los ámbitos programáticos siguientes:
Educación como bien y derecho público (incluyendo aquí su dimensión social).
Estabilidad normativa (incorporando aquí los componentes del espacio europeo).
Educación a lo largo de la vida (incorporando las diferentes etapas y sistemas, incluido el universitario).
Calidad y equidad (incorporando: inclusividad, multiculturalidad, diversidad).
Cohesión social y territorial (incluyendo la descentralización hasta la escala local).
Autonomía y corresponsabilidad orgánica y funcional en la dirección y gestión de los centros.
Estatutos docentes y discentes.
Inversión en educación.
Seguimiento y evaluación.
La concreción de estas grandes líneas en acciones debería quedar para decisión de cada gobierno, sea del color que sea. Intentar, como se hace en el documento de propuestas, concretarlas en un gran pacto puede volver a ser otro trabajo para la galería. Si se llegan a pactar acciones durarán lo que un caramelo a la puerta de una escuela.
Veremos qué da de sí el encuentro.
Sea como fuere, quiero dejar algunas reflexiones previas al encuentro sobre el documento de Propuestas para el pacto social y político por la educación. Si, al retorno de su celebración, me veo con ánimo para comunicar qué ha salido como resultado de la jornada, lo plasmaré.
Quiero recordar antes que el documento de propuestas que actualmente disponemos, al que hago referencia, data del 3 de febrero de 2010 y es el resultado de los avances hacia el pacto realizados después de la presentación de un primer documento en el Parlamento, el día 10 de enero.
¿Qué dice el documento de propuestas?
El referido documento se inicia con un preámbulo que realiza una declaración de intenciones y objetivos del Pacto a partir de una idea principal: la educación como bien público común. Después, se pasa a desgranar las intenciones y los objetivos. Realmente, sólo aparece una intención: conseguir un pacto que sea el resultado de la implicación colectiva, asumiendo cada uno sus responsabilidades, sin olvidar que son las administraciones educativas, en plural, las que tiene “la” responsabilidad.
En cuanto a los objetivos que se deberían compartir, el documento hace una recopilación de los aspectos propios de toda “educación republicana”, pasada por la ilustración del siglo XX: principios de equidad y excelencia; educación inclusiva, intercultural y plural; cultura del trabajo y del esfuerzo; libertad de enseñanza; educación como bien público.
A partir de estas declaraciones de principios, el documento desgrana de manera prolija los objetivos de la educación para la década 2010-2020. Evidentemente, dadas sus características no desgranaré aquí las 137 propuestas que propone el Pacto. Ahora, bien, como me parece significativa la agrupación que se realiza de las mismas, las presento agrupadas a continuación, tal y como hace el mismo documento:
El éxito educativo de todos los estudiantes.
Equidad y excelencia. La evaluación como factor para mejorar la calidad de la educación.
Flexibilidad del sistema educativo. Estudios postobligatorios, formación y empleo.
La formación profesional como instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico.
Nuevas formas de enseñar y de aprender: el papel de las TIC.
Multilingüismo. Impulso al aprendizaje de idiomas.
La educación como bien público y derecho público de toda la sociedad.
Modernización e internacionalización de las universidades. Formación, investigación, transferencia del conocimiento y responsabilidad social.
Dimensión social de la educación: becas y ayudas al estudio.
Convivencia y educación en valores. Implicación de la familia, del profesorado y de la sociedad.
Profesorado: reconocimiento profesional y social del docente.
Educación inclusiva, diversidad e interculturalidad. Derecho a la diferencia sin diferencia de derechos.
A continuación, el documento desgrana cuatro propuestas sobre participación y apertura del proceso, estabilidad normativa, financiación y memoria económica, seguimiento y aplicación.
¿Qué decir sobre el documento?
Me limito también a plantear algunas observaciones de tipo general, a modo de enunciado de principios. Entrar a analizar cada una de las propuestas sería, además de largo y pesado, un ejercicio inútil, pues parto de la idea de que estamos ante un proceso que camina hacia un pacto, no ante un programa de acción.
Sin embargo, mi primera observación es que la propuesta presentada por el Ministerio de Educación no tiene las características propias de un pacto, sino las de un programa de acción. Se llegue al resultado final que se llegue, es decir, haya pacto o no, el documento es más una recopilación de propuestas de acción que parecen recogidas de diversos programas electorales (realmente, sólo de dos, con predominio de uno). No se trata en realidad de un documento programático que propulsa un pacto.
¿Por dónde debería ir el Pacto? Reconociendo el valor intrínseco de los objetivos que plantea, tal vez su contenido tendría que ir por otros caminos y tratar exclusivamente a grandes rasgos / grandes líneas de trabajo / grandes acuerdos, los ámbitos programáticos siguientes:
Educación como bien y derecho público (incluyendo aquí su dimensión social).
Estabilidad normativa (incorporando aquí los componentes del espacio europeo).
Educación a lo largo de la vida (incorporando las diferentes etapas y sistemas, incluido el universitario).
Calidad y equidad (incorporando: inclusividad, multiculturalidad, diversidad).
Cohesión social y territorial (incluyendo la descentralización hasta la escala local).
Autonomía y corresponsabilidad orgánica y funcional en la dirección y gestión de los centros.
Estatutos docentes y discentes.
Inversión en educación.
Seguimiento y evaluación.
La concreción de estas grandes líneas en acciones debería quedar para decisión de cada gobierno, sea del color que sea. Intentar, como se hace en el documento de propuestas, concretarlas en un gran pacto puede volver a ser otro trabajo para la galería. Si se llegan a pactar acciones durarán lo que un caramelo a la puerta de una escuela.
Veremos qué da de sí el encuentro.
jueves, 4 de febrero de 2010
Investigación e innovación en la escuela
Investigación e innovación en la escuela
La investigación y la innovación dan cuerpo a la autonomía pedagógica y didáctica de los centros educativos de la misma manera que la cesión de poder y la corresponsabilidad son la divisa de su autonomía en la gestión. La investigación y la innovación en la escuela deben ser consideradas como elementos estratégicos con el fin último de contribuir a su modernización y mejora.
Si la escuela, entendida senso amplio, ha de planificar proyectos didácticos propios, concretar el curriculum, poner en marcha proyectos de evaluación y definir otras acciones pedagógicas, es necesario fomentar la investigación y la innovación entre los profesionales de la formación y la educación. Es cierto que desde el ámbito universitario la investigación sobre la escuela, generalmente sobre sus resultados, aporta reflexiones interesantes. Sin embargo, es más lógico que, sin dejar de hacerlo los universitarios, sean los propios profesionales del llamado nivel no universitario quienes investiguen sobre el contenido, la metodología, los recursos y los resultados de su acción.
Hasta ahora, en la realidad de la escuela catalana, el profesorado puede disfrutar de una licencia retribuida para la realización de estudios y trabajos relacionados con la enseñanza secundaria, la infantil y la primaria. A decir verdad, muchas de las personas que han sido “agraciadas” con dicha licencia tienen la sensación, durante y al acabar, que los responsables de la definición, concesión, seguimiento y calidad del resultado final, pasan olímpicamente de los trabajos realizados. La prueba es que los autores no reciben ayuda técnica alguna durante su elaboración y ninguna valoración, una vez finalizados y entregados, y que se deja en sus manos la difusión y posible publicación. Seguro que más de uno de los trabajos realizados merece ser tenido en cuenta como buena práctica y experiencia educativa, sin embargo todos duermen un sueño injusto en la biblioteca del departamento responsable de la materia de educación.
La Ley de Educación de Cataluña (LEC) establece que la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación tendrá que llevar a cabo diferentes modalidades de evaluación. Entre otras, “la evaluación del ejercicio docente, que ha de permitir la acreditación de los méritos de los docentes para la promoción profesional” (artículo 186, 1.c). Es evidente que el ejercicio docente va mucho más allá que el mero hecho de “dar clase”. Entre otras cosas, las actividades de investigación e innovación han de formar parte de ese ejercicio y han de ser evaluadas. Sea función o no de la Agencia, lo que está claro es que las licencias retribuidas han de cambiar su carácter meramente administrativo, como justificación de un año sabático, y convertirse en elemento integrante de la meritación del profesorado, en tanto que deberán tener un carácter investigador e innovador.
Dando por hecho que sea función de la Agencia de Evaluación y Prospectiva Educativa, ésta debería generar un “plan de investigación e innovación educativa” que entendiese las “licencias” como parte de la formación continua del profesorado y como componentes integradoras del valor social y científico de la práctica docente. Por ello, debería establecer unos requisitos de entrada para la presentación de proyectos, evaluarlos y emitir un informe ex ante sobre su calidad. Asimismo, debería emitir una evaluación ex post sobre la calidad del proceso y los resultados alcanzados.
Dejando, lógicamente, a la Agencia la generación de la correspondiente normativa de puesta en marcha del plan, la evaluación positiva realizada ex post debería comportar tres consecuencias:
1. La investigación realizada formaría parte de la evaluación y reconocimiento social y de méritos de la función docente.
2. Los resultados serían diseminados: de manera virtual (web de la Agencia, redes de investigadores, creación de un índice de investigación educativa…) o física (conferencias, artículos, libros, versión a otros idiomas…). La revista que publique la Agencia debería ser el primer vehículo de diseminación.
3. Los resultados serían transferidos en forma de “buena práctica” a las escuelas, a los institutos y a la formación inicial y continua del profesorado para la creación de didáctica y generación de innovación docente.
La investigación y la innovación dan cuerpo a la autonomía pedagógica y didáctica de los centros educativos de la misma manera que la cesión de poder y la corresponsabilidad son la divisa de su autonomía en la gestión. La investigación y la innovación en la escuela deben ser consideradas como elementos estratégicos con el fin último de contribuir a su modernización y mejora.
Si la escuela, entendida senso amplio, ha de planificar proyectos didácticos propios, concretar el curriculum, poner en marcha proyectos de evaluación y definir otras acciones pedagógicas, es necesario fomentar la investigación y la innovación entre los profesionales de la formación y la educación. Es cierto que desde el ámbito universitario la investigación sobre la escuela, generalmente sobre sus resultados, aporta reflexiones interesantes. Sin embargo, es más lógico que, sin dejar de hacerlo los universitarios, sean los propios profesionales del llamado nivel no universitario quienes investiguen sobre el contenido, la metodología, los recursos y los resultados de su acción.
Hasta ahora, en la realidad de la escuela catalana, el profesorado puede disfrutar de una licencia retribuida para la realización de estudios y trabajos relacionados con la enseñanza secundaria, la infantil y la primaria. A decir verdad, muchas de las personas que han sido “agraciadas” con dicha licencia tienen la sensación, durante y al acabar, que los responsables de la definición, concesión, seguimiento y calidad del resultado final, pasan olímpicamente de los trabajos realizados. La prueba es que los autores no reciben ayuda técnica alguna durante su elaboración y ninguna valoración, una vez finalizados y entregados, y que se deja en sus manos la difusión y posible publicación. Seguro que más de uno de los trabajos realizados merece ser tenido en cuenta como buena práctica y experiencia educativa, sin embargo todos duermen un sueño injusto en la biblioteca del departamento responsable de la materia de educación.
La Ley de Educación de Cataluña (LEC) establece que la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación tendrá que llevar a cabo diferentes modalidades de evaluación. Entre otras, “la evaluación del ejercicio docente, que ha de permitir la acreditación de los méritos de los docentes para la promoción profesional” (artículo 186, 1.c). Es evidente que el ejercicio docente va mucho más allá que el mero hecho de “dar clase”. Entre otras cosas, las actividades de investigación e innovación han de formar parte de ese ejercicio y han de ser evaluadas. Sea función o no de la Agencia, lo que está claro es que las licencias retribuidas han de cambiar su carácter meramente administrativo, como justificación de un año sabático, y convertirse en elemento integrante de la meritación del profesorado, en tanto que deberán tener un carácter investigador e innovador.
Dando por hecho que sea función de la Agencia de Evaluación y Prospectiva Educativa, ésta debería generar un “plan de investigación e innovación educativa” que entendiese las “licencias” como parte de la formación continua del profesorado y como componentes integradoras del valor social y científico de la práctica docente. Por ello, debería establecer unos requisitos de entrada para la presentación de proyectos, evaluarlos y emitir un informe ex ante sobre su calidad. Asimismo, debería emitir una evaluación ex post sobre la calidad del proceso y los resultados alcanzados.
Dejando, lógicamente, a la Agencia la generación de la correspondiente normativa de puesta en marcha del plan, la evaluación positiva realizada ex post debería comportar tres consecuencias:
1. La investigación realizada formaría parte de la evaluación y reconocimiento social y de méritos de la función docente.
2. Los resultados serían diseminados: de manera virtual (web de la Agencia, redes de investigadores, creación de un índice de investigación educativa…) o física (conferencias, artículos, libros, versión a otros idiomas…). La revista que publique la Agencia debería ser el primer vehículo de diseminación.
3. Los resultados serían transferidos en forma de “buena práctica” a las escuelas, a los institutos y a la formación inicial y continua del profesorado para la creación de didáctica y generación de innovación docente.
miércoles, 27 de enero de 2010
L’autonomia dels centres educatius (3): alguns requeriments
L’autonomia dels centres educatius (3): alguns requeriments
Amb aquest tercer lliurament, vull tancar, per ara, les entrades al blog sobre el tema de l’autonomia dels centres educatius.
En el primer article - L’autonomia dels centres educatius, una qüestió de poder i responsabilitat - s’exposen els aspectes positius que, al meu entendre, presenta l’esborrany de decret en el què es basarà aquesta autonomia, tot valorant l’oportunitat que s’ofereix als centres i apuntant algunes “concessions” que el departament responsable en matèria educativa i els centres s’han de fer mútuament en la línia de coresponsabilitat que tota cessió i assumpció de poder comporta. En el segon article, - L’autonomia dels centres educatius (2), una estratègia neoliberal -, es posa de manifest la visió neoliberal que traspua l’esmentat decret i les possibles conseqüències que pot comportar aquesta tendència per a la direcció dels centres, per al professorat i per a la pràctica docent. Tendència que, d’altra banda, també és present en la mateixa Llei d’Educació de Catalunya (LEC).
Aquest darrer article vol centrar la reflexió en els requeriments que, al meu entendre, han de donar-se – uns previs i d’altres en el camí- per tal que l’autonomia dels centres esdevingui una realitat i no es quedi, un cop més, en paper mullat.
• És condició prèvia que es doni solució a la tensió existent de vell antuvi en el mateix departament encarregat de la matèria educativa entre dues tendències clarament contraposades: centralització pràctica front a descentralització teòrica en l’enfocament estratègic de l’educació. Aquesta doble tendència es reflecteix diàriament en l’organització funcional del sistema i marca llargues i profundes distàncies entre allò que s’estableix des de l’estructura orgànica i allò que es plasma en la funcional. Cal, doncs, un encaix d’estructures i accions.
• En un espai de coresponsabilitat, propi de tota autonomia, han de donar-se unes metodologies, mecanismes i instruments adequats per al seguiment, control i avaluació dels programes i activitats, que es duen a terme en els centres, amb un sentit bidireccional i absoluta transparència. Un dels principals instruments, en aquest àmbit, ha de ser l’existència d’un sistema d’informació – captació, recepció, emissió, articulació... d’informació i dades – que, d’una banda, acabi per sempre amb la manca d’informació i, d’altra banda, posi fi al recurs a canals informals de comunicació i d’informació desestructurada que obstaculitzen les millores sistèmiques.
• En aquest espai instrumental, call situar també la necessitat de creació i aprovisionament de metodologies i recursos tècnics i humans, així com les accions formatives necessàries, dotats tots ells de qualitat, destinats a la gestió i administració dels centres.
• La formació dels gestors dels centres (en una situació d’autonomia són quelcom més que tradicionals directors) en eines de direcció, gestió, administració i, sobretot, gestió dels recursos humans, dinàmiques de grup, negociació, saber-fer social. A més a més, atès que el decret d'autonomia atorgarà les direccions competències sancionadores sobre el professorat, caldrà investir-lis urgentment d'aquesta autoritat. D’altra banda, com que la LEC els atorga la competència avaluadora, serà condició sine qua non l’adquisició de competències i sabers sobre avaluació sistèmica i educativa.
• És imprescindible incorporar (i, evidentment, permetre la incorporació de) nous perfils de professorat que, de manera permanent uns o temporal d’altres, aportin les seves capacitats i competències en pro de la qualitat formativa i educativa dels centres. Professionals amb dominis relacionats amb el coneixement de l’entorn socioeconòmic on s’ubica cada centre, experts en orientació acadèmica i laboral, en salut i sanitat, en psicologia i psiquiatria, en multiculturalitat, en convivència i clima social... Tot això en funció del projecte educatiu de cada centre i dels objectius que, a curt, mig i llarg termini, s’hagi marcat aquest, lluny de les habituals rigideses de contractació de professorat.
• Per tal que cada centre pugui dur a terme tot allò que preveu el projecte de decret d’autonomia de centres (planificar projectes didàctics propis, concretar el currículum, engegar projectes d’avaluació i concretar d’altres accions pedagògiques), és imprescindible la presència dels centres en l’elaboració dels plans estratègics educatius, dels marcs curriculars, dels referents de l’acció tutorial..., generats des del corresponent departament, mitjançant una participació directa, no diferida o representada. Ull, però, amb l’elaboració i possible posada en marxa de sistemes fragmentats i esmicolats que, emparats sota el principi d’autonomia, puguin portar a l’elaboració de currículums localistes.
• L’autonomia dels centres educatius exigeix fer realitat el caràcter de bé comú de l’educació i del coneixement, és a dir, de l’escola i de l’institut, així com fer efectiu el caràcter de producció social i de valor econòmic de l’aprenentatge. Això comporta l’inserció real dels centres en el propi entorn socioeconòmic i també la necessitat de treballar coordinadament amb aquest entorn.
• En una societat que evoluciona ràpidament, el perfeccionament professional esdevé essencial. El professorat s’enfronta a tipologies d’alumnes cada cop més diverses i a exigències i demandes creixents. Desenvolupar els coneixements, les aptituds i les actituds d’aquest professorat constitueix un espai d’inversió clau, susceptible d’influir considerablement en els resultats de l’alumnat. Serà, docs, imprescindible que el sistema d’autonomia permeti la creació d’espais i la dotació de recursos perquè la formació contínua del professorat sigui una realitat:
Donada la feblesa de la formació professional inicial del professorat, és imprescindible (i previ) la implantació de programes de formació contínua obligatoris amb la finalitat que el professorat puguin actualitzar els seus coneixements i les seves competències per tal que la seva participació i implicació sigui proactiva en tot allò que fa referència a planificar projectes didàctics propis, concretar el currículum, engegar projectes d’avaluació i concretar d’altres accions pedagògiques. Lloc principal en aquesta formació contínua ha d’ocupar la formació en TIC aplicada a l’experiència pràctica dels ensenyants.
D’altres elements imprescindibles que ha de contenir aquesta formació són: aprendre d’altres professionals, conèixer bones pràctiques, intercanviar eines, recursos i instruments.
Déu n’hi do la feina que quedar per fer abans i després que aparegui el decret d’autonomia de centres en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya! Qualsevol avançament significarà malbaratar esforços i recursos.
Amb aquest tercer lliurament, vull tancar, per ara, les entrades al blog sobre el tema de l’autonomia dels centres educatius.
En el primer article - L’autonomia dels centres educatius, una qüestió de poder i responsabilitat - s’exposen els aspectes positius que, al meu entendre, presenta l’esborrany de decret en el què es basarà aquesta autonomia, tot valorant l’oportunitat que s’ofereix als centres i apuntant algunes “concessions” que el departament responsable en matèria educativa i els centres s’han de fer mútuament en la línia de coresponsabilitat que tota cessió i assumpció de poder comporta. En el segon article, - L’autonomia dels centres educatius (2), una estratègia neoliberal -, es posa de manifest la visió neoliberal que traspua l’esmentat decret i les possibles conseqüències que pot comportar aquesta tendència per a la direcció dels centres, per al professorat i per a la pràctica docent. Tendència que, d’altra banda, també és present en la mateixa Llei d’Educació de Catalunya (LEC).
Aquest darrer article vol centrar la reflexió en els requeriments que, al meu entendre, han de donar-se – uns previs i d’altres en el camí- per tal que l’autonomia dels centres esdevingui una realitat i no es quedi, un cop més, en paper mullat.
• És condició prèvia que es doni solució a la tensió existent de vell antuvi en el mateix departament encarregat de la matèria educativa entre dues tendències clarament contraposades: centralització pràctica front a descentralització teòrica en l’enfocament estratègic de l’educació. Aquesta doble tendència es reflecteix diàriament en l’organització funcional del sistema i marca llargues i profundes distàncies entre allò que s’estableix des de l’estructura orgànica i allò que es plasma en la funcional. Cal, doncs, un encaix d’estructures i accions.
• En un espai de coresponsabilitat, propi de tota autonomia, han de donar-se unes metodologies, mecanismes i instruments adequats per al seguiment, control i avaluació dels programes i activitats, que es duen a terme en els centres, amb un sentit bidireccional i absoluta transparència. Un dels principals instruments, en aquest àmbit, ha de ser l’existència d’un sistema d’informació – captació, recepció, emissió, articulació... d’informació i dades – que, d’una banda, acabi per sempre amb la manca d’informació i, d’altra banda, posi fi al recurs a canals informals de comunicació i d’informació desestructurada que obstaculitzen les millores sistèmiques.
• En aquest espai instrumental, call situar també la necessitat de creació i aprovisionament de metodologies i recursos tècnics i humans, així com les accions formatives necessàries, dotats tots ells de qualitat, destinats a la gestió i administració dels centres.
• La formació dels gestors dels centres (en una situació d’autonomia són quelcom més que tradicionals directors) en eines de direcció, gestió, administració i, sobretot, gestió dels recursos humans, dinàmiques de grup, negociació, saber-fer social. A més a més, atès que el decret d'autonomia atorgarà les direccions competències sancionadores sobre el professorat, caldrà investir-lis urgentment d'aquesta autoritat. D’altra banda, com que la LEC els atorga la competència avaluadora, serà condició sine qua non l’adquisició de competències i sabers sobre avaluació sistèmica i educativa.
• És imprescindible incorporar (i, evidentment, permetre la incorporació de) nous perfils de professorat que, de manera permanent uns o temporal d’altres, aportin les seves capacitats i competències en pro de la qualitat formativa i educativa dels centres. Professionals amb dominis relacionats amb el coneixement de l’entorn socioeconòmic on s’ubica cada centre, experts en orientació acadèmica i laboral, en salut i sanitat, en psicologia i psiquiatria, en multiculturalitat, en convivència i clima social... Tot això en funció del projecte educatiu de cada centre i dels objectius que, a curt, mig i llarg termini, s’hagi marcat aquest, lluny de les habituals rigideses de contractació de professorat.
• Per tal que cada centre pugui dur a terme tot allò que preveu el projecte de decret d’autonomia de centres (planificar projectes didàctics propis, concretar el currículum, engegar projectes d’avaluació i concretar d’altres accions pedagògiques), és imprescindible la presència dels centres en l’elaboració dels plans estratègics educatius, dels marcs curriculars, dels referents de l’acció tutorial..., generats des del corresponent departament, mitjançant una participació directa, no diferida o representada. Ull, però, amb l’elaboració i possible posada en marxa de sistemes fragmentats i esmicolats que, emparats sota el principi d’autonomia, puguin portar a l’elaboració de currículums localistes.
• L’autonomia dels centres educatius exigeix fer realitat el caràcter de bé comú de l’educació i del coneixement, és a dir, de l’escola i de l’institut, així com fer efectiu el caràcter de producció social i de valor econòmic de l’aprenentatge. Això comporta l’inserció real dels centres en el propi entorn socioeconòmic i també la necessitat de treballar coordinadament amb aquest entorn.
• En una societat que evoluciona ràpidament, el perfeccionament professional esdevé essencial. El professorat s’enfronta a tipologies d’alumnes cada cop més diverses i a exigències i demandes creixents. Desenvolupar els coneixements, les aptituds i les actituds d’aquest professorat constitueix un espai d’inversió clau, susceptible d’influir considerablement en els resultats de l’alumnat. Serà, docs, imprescindible que el sistema d’autonomia permeti la creació d’espais i la dotació de recursos perquè la formació contínua del professorat sigui una realitat:
Donada la feblesa de la formació professional inicial del professorat, és imprescindible (i previ) la implantació de programes de formació contínua obligatoris amb la finalitat que el professorat puguin actualitzar els seus coneixements i les seves competències per tal que la seva participació i implicació sigui proactiva en tot allò que fa referència a planificar projectes didàctics propis, concretar el currículum, engegar projectes d’avaluació i concretar d’altres accions pedagògiques. Lloc principal en aquesta formació contínua ha d’ocupar la formació en TIC aplicada a l’experiència pràctica dels ensenyants.
D’altres elements imprescindibles que ha de contenir aquesta formació són: aprendre d’altres professionals, conèixer bones pràctiques, intercanviar eines, recursos i instruments.
Déu n’hi do la feina que quedar per fer abans i després que aparegui el decret d’autonomia de centres en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya! Qualsevol avançament significarà malbaratar esforços i recursos.
jueves, 14 de enero de 2010
L’autonomia dels centres educatius (2), una estratègia neoliberal
En un article anterior d’aquest blog, L’autonomia dels centres educatius: una qüestió de poder i responsabilitat, reflexiono sobre el valor afegit que pot aportar a la gestió i a la qualitat de l’educació l’esborrany de decret sobre autonomia dels centres educatius. La reflexió en l’esmentat article se centra a ressaltar els aspectes positius que conté l’esborrany. Ara bé, en la mateixa entrada, es diu:
“Val a dir que l’objectiu que es troba en la base de l’autonomia dels centres educatius, d’acord amb l’esborrany de decret, és augmentar la qualitat i la competitivitat en l’educació. Aquesta doble finalitat amaga una trampa, car es fa servir dos termes que no necessàriament tenen relació directa i que, fins i tot, poden portar a resultats negatius quan s’interelacionen. És un senyal “de modernitat” transmutada directament del món del capitalisme, atès que es revela una visió mercantilista de l’educació quan es legisla que a millors resultats els centres educatius disposaran de més recursos, sacralitzant així els resultats –assimilant-los a qualitat - sense prendre en consideració els processos i els recursos prèviament existents – imprescindibles per a la competitivitat –“.
Considero que aquesta neo-reforma que vol implantar el decret – i, lògicament, la LEC (Llei d’Educació de Catalunya), en tant que dimana d’aquesta - imposa una regla universal, pròpia de la factoria fordista: més salari a major productivitat. És a dir, a millors resultats (és a dir, a més aprovats, perquè en això es concreten aquells), els centres rebran més recursos.
Aquesta afirmació sobre la visió mercantilista – neoliberal - del futur decret queda de fet recollida en la mateixa LEC, des del moment en què tracta de convertir els centres educatius en màquines d’eficàcia mitjançant la sacralització dels resultats. Igualment, la justificació política última de l’autonomia dels centres educatius se situa, tant en la LEC com en la proposta de decret, en la lògica econòmica de la competitivitat - la concurrència competitiva -, des del moment en què “[...] l’avaluació dels centres relaciona els resultats educatius [...] amb els recursos” (art. 55, del decret). On es tindrà en consideració el punt de partida i les condicions humanes, materials, pedagògiques en les que treballa el centre? No apareixen mencionats en lloc. Per casualitat, ¿el departament responsable en matèria educativa farà tabula rasa, és a dir, equipararà a tots els centres en el moment d’avaluar-los i donarà per bo que tots estan en igualtat de condicions d’entrada sense estar-lo? Si no és així, com es farà?
Certament, aquesta inclinació neoliberal dels nostres legisladors educatius té una dimensió mundial, capitanejada i liderada pels països anglòfons. Ara bé, això no justifica la necessitat i conveniència de fer-la servir a casa nostra. En aplicar aquesta nova recepta, desapareixeran els problemes eterns que pateix l’escola?, significarà que seran eliminats els vicis històrics, la deixadesa/abandonament, les contradiccions entre estructura orgànica i funcional...?
Els principals perills que aguaiten els centres educatius amb aquesta estratègia són:
El professorat pot esdevenir un operari de l’enginyeria didàctica...
En aquest esquema fordista, el centre educatiu ha de donar resposta únicament a la pressió del client (l’entorn socioeconòmic i familiar) i alhora ha de respondre a les exigències d’una economia del coneixement. En aquest lògica, serà, doncs, necessari establir indicadors de productivitat. Per tal de respondre les exigències de productivitat, el professorat (que, a més a més, serà meritat amb “graus docents” pels resultats assolits - article 61.2 de l’esborrany de decret-) passarà a ser operari d’una enginyeria didàctica, elaborada per experts en laboratoris (les editorials en saben molt del tema), que permeti assegurar resultats positius. I qui no arribi? Bé, d’això no es parla en l’esborrany de decret. Es dóna per fet que l’autonomia atorgada i un bon projecte educatiu de centre, degudament planificat i seguit fil per randa, obtindrà els resultats esperats, sigui quin sigui el material humà del què es disposi.
... els directors o directores poden passar a ser caps de producció...
L’objectiu màxim de tota direcció serà aconseguir resultats – eficàcia-, perquè conformaran la base de la seva meritació. ¿Trobarem en el frontispici dels centres educatius la coneguda frase “el primer objectius de qualsevol empresa és obtenir resultats i beneficis”? L’educació serà considerada com un bé privat, suma de rendiments individuals, car aquests legitimaran la millora del finançament dels centres. I, en conseqüència, el saber serà contemplat sota una òptica merament utilitarista, on la creació del capital formatiu-educatiu individual tindrà valor en tant que respongui a les demandes del mercat de treball, on el capital social, generat per la suma de capitals individuals, perdrà el seu sentit transformador del model de desenvolupament de la societat.
L’esborrany de decret traspua, en aquest sentit, una racionalització administrativa, de gestió i pedagògica, de l’autonomia dels centres adreçada únicament al servei de l’eficàcia. En realitat, es tracta de posar en marxa un nou ordre en l’educació sotmès a la lògica del mercat en els àmbits ideològic, organitzacional, sociològic i econòmic.
... i els centres educatius poden convertir-se en centres de “selecció natural”
Els indicadors de productivitat s’aplicaran també a cada centre. Els seus resultats, convertits en rànquings i difosos a tort i a dret, definiran el palmarès d’escoles i instituts. Les conseqüències d’aquests fets seran múltiples i una de les més importants consistirà en servir de guia perquè les famílies escollin “els millors centres” per als seus fills. Aquí es reflectiran l’oferta, la demanda, la competència, els rendiments assolits... Com, d’altra banda, els centres educatius no parteixen d’un sòcol comú en igualtats de condicions, sinó que seran premiats a posteriori pels resultats i aquest premi marcarà les diferències progressives, el desenvolupament de desigualtats i de segregacions estarà servit.
Els centres educatius, estimulats per la concurrència competitiva, seran impel•lits a oferir “el millor per als millors”. Faran seva la ideologia neoliberal imperant i es dedicaran a mantenir-la. Fet que portarà a una lògica de centres guanyadors i centres perdedors i a la generació de projectes educatius i didàctics selectius. El possible resultat d’aquestes accions serà la creació d’una xarxa de centres públics (els privats tenen el seu rànquing particular) a dos velocitats: els centres de projectes selectius i els centres ordinaris. I, evidentment, aquests últims assumiran una major concentració d’alumnat amb dificultats.
En un article anterior d’aquest blog, L’autonomia dels centres educatius: una qüestió de poder i responsabilitat, reflexiono sobre el valor afegit que pot aportar a la gestió i a la qualitat de l’educació l’esborrany de decret sobre autonomia dels centres educatius. La reflexió en l’esmentat article se centra a ressaltar els aspectes positius que conté l’esborrany. Ara bé, en la mateixa entrada, es diu:
“Val a dir que l’objectiu que es troba en la base de l’autonomia dels centres educatius, d’acord amb l’esborrany de decret, és augmentar la qualitat i la competitivitat en l’educació. Aquesta doble finalitat amaga una trampa, car es fa servir dos termes que no necessàriament tenen relació directa i que, fins i tot, poden portar a resultats negatius quan s’interelacionen. És un senyal “de modernitat” transmutada directament del món del capitalisme, atès que es revela una visió mercantilista de l’educació quan es legisla que a millors resultats els centres educatius disposaran de més recursos, sacralitzant així els resultats –assimilant-los a qualitat - sense prendre en consideració els processos i els recursos prèviament existents – imprescindibles per a la competitivitat –“.
Considero que aquesta neo-reforma que vol implantar el decret – i, lògicament, la LEC (Llei d’Educació de Catalunya), en tant que dimana d’aquesta - imposa una regla universal, pròpia de la factoria fordista: més salari a major productivitat. És a dir, a millors resultats (és a dir, a més aprovats, perquè en això es concreten aquells), els centres rebran més recursos.
Aquesta afirmació sobre la visió mercantilista – neoliberal - del futur decret queda de fet recollida en la mateixa LEC, des del moment en què tracta de convertir els centres educatius en màquines d’eficàcia mitjançant la sacralització dels resultats. Igualment, la justificació política última de l’autonomia dels centres educatius se situa, tant en la LEC com en la proposta de decret, en la lògica econòmica de la competitivitat - la concurrència competitiva -, des del moment en què “[...] l’avaluació dels centres relaciona els resultats educatius [...] amb els recursos” (art. 55, del decret). On es tindrà en consideració el punt de partida i les condicions humanes, materials, pedagògiques en les que treballa el centre? No apareixen mencionats en lloc. Per casualitat, ¿el departament responsable en matèria educativa farà tabula rasa, és a dir, equipararà a tots els centres en el moment d’avaluar-los i donarà per bo que tots estan en igualtat de condicions d’entrada sense estar-lo? Si no és així, com es farà?
Certament, aquesta inclinació neoliberal dels nostres legisladors educatius té una dimensió mundial, capitanejada i liderada pels països anglòfons. Ara bé, això no justifica la necessitat i conveniència de fer-la servir a casa nostra. En aplicar aquesta nova recepta, desapareixeran els problemes eterns que pateix l’escola?, significarà que seran eliminats els vicis històrics, la deixadesa/abandonament, les contradiccions entre estructura orgànica i funcional...?
Els principals perills que aguaiten els centres educatius amb aquesta estratègia són:
El professorat pot esdevenir un operari de l’enginyeria didàctica...
En aquest esquema fordista, el centre educatiu ha de donar resposta únicament a la pressió del client (l’entorn socioeconòmic i familiar) i alhora ha de respondre a les exigències d’una economia del coneixement. En aquest lògica, serà, doncs, necessari establir indicadors de productivitat. Per tal de respondre les exigències de productivitat, el professorat (que, a més a més, serà meritat amb “graus docents” pels resultats assolits - article 61.2 de l’esborrany de decret-) passarà a ser operari d’una enginyeria didàctica, elaborada per experts en laboratoris (les editorials en saben molt del tema), que permeti assegurar resultats positius. I qui no arribi? Bé, d’això no es parla en l’esborrany de decret. Es dóna per fet que l’autonomia atorgada i un bon projecte educatiu de centre, degudament planificat i seguit fil per randa, obtindrà els resultats esperats, sigui quin sigui el material humà del què es disposi.
... els directors o directores poden passar a ser caps de producció...
L’objectiu màxim de tota direcció serà aconseguir resultats – eficàcia-, perquè conformaran la base de la seva meritació. ¿Trobarem en el frontispici dels centres educatius la coneguda frase “el primer objectius de qualsevol empresa és obtenir resultats i beneficis”? L’educació serà considerada com un bé privat, suma de rendiments individuals, car aquests legitimaran la millora del finançament dels centres. I, en conseqüència, el saber serà contemplat sota una òptica merament utilitarista, on la creació del capital formatiu-educatiu individual tindrà valor en tant que respongui a les demandes del mercat de treball, on el capital social, generat per la suma de capitals individuals, perdrà el seu sentit transformador del model de desenvolupament de la societat.
L’esborrany de decret traspua, en aquest sentit, una racionalització administrativa, de gestió i pedagògica, de l’autonomia dels centres adreçada únicament al servei de l’eficàcia. En realitat, es tracta de posar en marxa un nou ordre en l’educació sotmès a la lògica del mercat en els àmbits ideològic, organitzacional, sociològic i econòmic.
... i els centres educatius poden convertir-se en centres de “selecció natural”
Els indicadors de productivitat s’aplicaran també a cada centre. Els seus resultats, convertits en rànquings i difosos a tort i a dret, definiran el palmarès d’escoles i instituts. Les conseqüències d’aquests fets seran múltiples i una de les més importants consistirà en servir de guia perquè les famílies escollin “els millors centres” per als seus fills. Aquí es reflectiran l’oferta, la demanda, la competència, els rendiments assolits... Com, d’altra banda, els centres educatius no parteixen d’un sòcol comú en igualtats de condicions, sinó que seran premiats a posteriori pels resultats i aquest premi marcarà les diferències progressives, el desenvolupament de desigualtats i de segregacions estarà servit.
Els centres educatius, estimulats per la concurrència competitiva, seran impel•lits a oferir “el millor per als millors”. Faran seva la ideologia neoliberal imperant i es dedicaran a mantenir-la. Fet que portarà a una lògica de centres guanyadors i centres perdedors i a la generació de projectes educatius i didàctics selectius. El possible resultat d’aquestes accions serà la creació d’una xarxa de centres públics (els privats tenen el seu rànquing particular) a dos velocitats: els centres de projectes selectius i els centres ordinaris. I, evidentment, aquests últims assumiran una major concentració d’alumnat amb dificultats.
viernes, 8 de enero de 2010
¿Está perdida la política?
El título es un remedo del que utiliza el profesor Marco Revelli en su obra La política perduta (versión castellana en Trotta, Madrid 2008), donde se pregunta si la política está en fase de extinción. Basa su cuestionamiento en lo que llama la “actual mediocridad de los líderes” y afirma que en el caso italiano la realidad llega a ser desoladora y que es dramática a escala mundial. Por mi parte, limito el campo de reflexión. Revelli habla de toda política, yo sólo hago referencia aquí a la política frente a dos hechos actuales: la crisis económica y las guerras vigentes o larvadas. Las dos caras de un sistema de explotación y despojo.
Posiblemente, la política no está del todo perdida, pero, ciertamente, anda bastante desorientada. No sabe cómo superar el estancamiento actual, no sabe hacia dónde caminar: “grande es el desorden bajo el cielo” de la política, según frase de Giovanni Arrighi (Adam Smith a Pechino, Feltrinelli 2008).
En estos tiempos, en nuestro mundo occidental, la política se debate entre refundar el capitalismo o simplemente modificarlo, entre finiquitar los conflictos bélicos o establecer un orden universal basado en el principio bíblico “que nadie toque a Caín”, es decir, a USA. La indignación moral que provoca el eclipse de determinados derechos humanos, a manos de la economía y de la guerra, y el retorno a una cultura reaccionaria y clerical, mediante la restauración de modelos autoritarios, que parecían periclitados, hacen dudar sobre la vigencia de la política.
Desde el punto de vista económico, es urgente acabar con la duda. La cuestión no es capitalismo sí o no – que también -, o capitalismo reformado. Es cierto que el capitalismo se ha extendido como una metástasis (no creo que Marx y Engels pensasen jamás en que se lograría el hiper-capitalismo comunista chino) y nos lleva a un desarrollo in aeternum, continuo y acelerado, que está acabando con el equilibrio ecológico. El desarrollismo destructivo y los estándares de vida en los que estamos insertos son incompatibles con la sostenibilidad del desarrollo humano y con la idea de equidad local/global. Actualmente, estamos viviendo una atrofia de los mecanismos económicos que han entrado en una especie de autodestrucción, inmersos en una realidad obsoleta. La cuestión principal es, pues, otra: buscar el no-desarrollo como solución y acabar con el proceso de explotación y despojo. Y esa es la salida de la política.
Desde el punto de vista del “orden” a establecer es necesario desechar la idea del monopolio de la fuerza. En este mundo global, abrir la “caja de Pandora” de la violencia - aunque se disfrace de servicio a la paz, la libertad y la ley (léase antes Irán y ahora Afganistán) – genera un entorno absolutamente incontrolable. Hoy, la guerra está individualizada: cualquiera y en cualquier parte puede hacer su guerra. Es necesario, pues, el uso de un nuevo paradigma político. El nuevo espacio de la política, para el cual se necesita coraje, hay que situarlo en el uso de la no-violencia técnica como instrumento de relación entre los pueblos. Lejos de todo “buenismo” y de toda agresividad militante hace falta arrojo para proteger y tutelar los derechos fundamentales como instrumento de solidaridad entre extraños.
¿Está, pues, perdida la política? Creo que no. La duda es si la política sabe y quiere cambiar de referentes.
El título es un remedo del que utiliza el profesor Marco Revelli en su obra La política perduta (versión castellana en Trotta, Madrid 2008), donde se pregunta si la política está en fase de extinción. Basa su cuestionamiento en lo que llama la “actual mediocridad de los líderes” y afirma que en el caso italiano la realidad llega a ser desoladora y que es dramática a escala mundial. Por mi parte, limito el campo de reflexión. Revelli habla de toda política, yo sólo hago referencia aquí a la política frente a dos hechos actuales: la crisis económica y las guerras vigentes o larvadas. Las dos caras de un sistema de explotación y despojo.
Posiblemente, la política no está del todo perdida, pero, ciertamente, anda bastante desorientada. No sabe cómo superar el estancamiento actual, no sabe hacia dónde caminar: “grande es el desorden bajo el cielo” de la política, según frase de Giovanni Arrighi (Adam Smith a Pechino, Feltrinelli 2008).
En estos tiempos, en nuestro mundo occidental, la política se debate entre refundar el capitalismo o simplemente modificarlo, entre finiquitar los conflictos bélicos o establecer un orden universal basado en el principio bíblico “que nadie toque a Caín”, es decir, a USA. La indignación moral que provoca el eclipse de determinados derechos humanos, a manos de la economía y de la guerra, y el retorno a una cultura reaccionaria y clerical, mediante la restauración de modelos autoritarios, que parecían periclitados, hacen dudar sobre la vigencia de la política.
Desde el punto de vista económico, es urgente acabar con la duda. La cuestión no es capitalismo sí o no – que también -, o capitalismo reformado. Es cierto que el capitalismo se ha extendido como una metástasis (no creo que Marx y Engels pensasen jamás en que se lograría el hiper-capitalismo comunista chino) y nos lleva a un desarrollo in aeternum, continuo y acelerado, que está acabando con el equilibrio ecológico. El desarrollismo destructivo y los estándares de vida en los que estamos insertos son incompatibles con la sostenibilidad del desarrollo humano y con la idea de equidad local/global. Actualmente, estamos viviendo una atrofia de los mecanismos económicos que han entrado en una especie de autodestrucción, inmersos en una realidad obsoleta. La cuestión principal es, pues, otra: buscar el no-desarrollo como solución y acabar con el proceso de explotación y despojo. Y esa es la salida de la política.
Desde el punto de vista del “orden” a establecer es necesario desechar la idea del monopolio de la fuerza. En este mundo global, abrir la “caja de Pandora” de la violencia - aunque se disfrace de servicio a la paz, la libertad y la ley (léase antes Irán y ahora Afganistán) – genera un entorno absolutamente incontrolable. Hoy, la guerra está individualizada: cualquiera y en cualquier parte puede hacer su guerra. Es necesario, pues, el uso de un nuevo paradigma político. El nuevo espacio de la política, para el cual se necesita coraje, hay que situarlo en el uso de la no-violencia técnica como instrumento de relación entre los pueblos. Lejos de todo “buenismo” y de toda agresividad militante hace falta arrojo para proteger y tutelar los derechos fundamentales como instrumento de solidaridad entre extraños.
¿Está, pues, perdida la política? Creo que no. La duda es si la política sabe y quiere cambiar de referentes.
jueves, 7 de enero de 2010
El sotrac necessari
3.923.603 aturats inscrits en els serveis públics d’ocupació el passat mes de desembre. Possiblement el fet més significatiu d’aquesta dada és que l’atur ha augmentat de manera brutal i a gran velocitat. El fet de l’augment no és nou al nostre país, són noves, però, la seva duresa i rapidesa. I sembla que al llarg del 2010 la cosa anirà in crecendo, excepte que els sabuts de l’economia tornin a equivocar-se. Si el fenomen continua, es produirà també una degradació progressiva de la cohesió social, habitualment fràgil en el nostre país.
Davant d’aquesta situació present i prevista, els majors esforços s’han centrat a evitar l’enfonsament del sistema financer. La resta de mesures, que m’atreveixo a catalogar de voluntaristes, s’han situat principalment en l’àmbit dels “ajuts a o per” sectors determinats per tal d’afavorir el consum. És a dir, més del mateix: consumisme com a pla de vida. Fins i tot, sens ha vingut a dir: si no consumiu contribuïu a aprofundir la crisi.
És cert que, a més d’incentivar el consum i protegir la banca, s’han pres altres mesures. Ara bé, quants llocs de treball s’han generat realment tot aprofitant-les? Quantes empreses han contractat a beneficiaris de prestacions? Quants joves s’han inserit laboralment mercès a les múltiples accions específiques adreçades a ells? Els diferents programes de foment de l’autoocupació, quantes empreses individuals o col•lectives han generat? Quants llocs de treball a temps parcial s’han ofert i han estat ocupats? Quantes persones perceptores de prestacions o en recerca d’ocupació assisteixen i aprofiten els cursos de formació posats a l’abast?, quantes s’apropen als serveis públics d’ocupació a rebre orientació?
Sense negar la utilitat dels diferents programes i mesures endegats, el problema és que, si fem excepció del positiu Plan-Ê, la seva efectivitat és minsa i, fins i tot, la d’aquest pla és temporalment limitada.
Mentre tant, el temps passa i les veus que serveixen els interessos de la gran patronal emeten, dia sí i dia també, els seus missatges sobre la única solució: la reforma laboral. Això sí, sempre en el sentit d’augmentar la precarització de les persones assalariades.
On són les veus dels sindicats i de l’esquerra que, més enllà de tancar-se en el “no passaran” contra la reforma laboral, realitzin propostes noves i trencadores amb l’statu quo regnant? On és la seva suposada audàcia per influir en un canvi de model i paradigma econòmic? És el moment en què han de demostrar un major atreviment i deixar de banda la timidesa.
És cada cop més necessari una acció articulada, tant en l’àmbit dels mitjans de comunicació com en l’àmbit ciutadà, que assoleixi la força que en altres moments, i sense articulació, van aconseguir mobilitzacions com el “no a la guerra” o els missatges de “sms” del 13-M de 2004. És urgent un moviment que signifiqui un sotrac, una convulsió, que trasbalsi l’estat de situació en el que estem instal•lats, que acabi amb aquesta abstracció denominada crisi – tant carnal, però, per a bona part de la nostra societat -.
I, ara per ara, hi ha dues maneres de que es provoqui aquest moviment. Una, la trobo difícil en aquests moments, pot sorgir espontàniament de la societat com un rebuig a una situació de paràlisi, inanició i certa desesperació. Altra –és la seva obligació – ha de sorgir dels sindicats i de les organitzacions d’esquerra que, abandonant la por al protagonisme social, es mullin i liderin un canvi socioeconòmic i una rebel•lió de la que alguns sociòlegs anomenen “multitud intel•ligent” – de la que pot formar part qualsevol persona -, basada en propostes d’acció molt concretes i específiques, que posi fi a una situació cada cop més insostenible socialment, política i econòmica.
3.923.603 aturats inscrits en els serveis públics d’ocupació el passat mes de desembre. Possiblement el fet més significatiu d’aquesta dada és que l’atur ha augmentat de manera brutal i a gran velocitat. El fet de l’augment no és nou al nostre país, són noves, però, la seva duresa i rapidesa. I sembla que al llarg del 2010 la cosa anirà in crecendo, excepte que els sabuts de l’economia tornin a equivocar-se. Si el fenomen continua, es produirà també una degradació progressiva de la cohesió social, habitualment fràgil en el nostre país.
Davant d’aquesta situació present i prevista, els majors esforços s’han centrat a evitar l’enfonsament del sistema financer. La resta de mesures, que m’atreveixo a catalogar de voluntaristes, s’han situat principalment en l’àmbit dels “ajuts a o per” sectors determinats per tal d’afavorir el consum. És a dir, més del mateix: consumisme com a pla de vida. Fins i tot, sens ha vingut a dir: si no consumiu contribuïu a aprofundir la crisi.
És cert que, a més d’incentivar el consum i protegir la banca, s’han pres altres mesures. Ara bé, quants llocs de treball s’han generat realment tot aprofitant-les? Quantes empreses han contractat a beneficiaris de prestacions? Quants joves s’han inserit laboralment mercès a les múltiples accions específiques adreçades a ells? Els diferents programes de foment de l’autoocupació, quantes empreses individuals o col•lectives han generat? Quants llocs de treball a temps parcial s’han ofert i han estat ocupats? Quantes persones perceptores de prestacions o en recerca d’ocupació assisteixen i aprofiten els cursos de formació posats a l’abast?, quantes s’apropen als serveis públics d’ocupació a rebre orientació?
Sense negar la utilitat dels diferents programes i mesures endegats, el problema és que, si fem excepció del positiu Plan-Ê, la seva efectivitat és minsa i, fins i tot, la d’aquest pla és temporalment limitada.
Mentre tant, el temps passa i les veus que serveixen els interessos de la gran patronal emeten, dia sí i dia també, els seus missatges sobre la única solució: la reforma laboral. Això sí, sempre en el sentit d’augmentar la precarització de les persones assalariades.
On són les veus dels sindicats i de l’esquerra que, més enllà de tancar-se en el “no passaran” contra la reforma laboral, realitzin propostes noves i trencadores amb l’statu quo regnant? On és la seva suposada audàcia per influir en un canvi de model i paradigma econòmic? És el moment en què han de demostrar un major atreviment i deixar de banda la timidesa.
És cada cop més necessari una acció articulada, tant en l’àmbit dels mitjans de comunicació com en l’àmbit ciutadà, que assoleixi la força que en altres moments, i sense articulació, van aconseguir mobilitzacions com el “no a la guerra” o els missatges de “sms” del 13-M de 2004. És urgent un moviment que signifiqui un sotrac, una convulsió, que trasbalsi l’estat de situació en el que estem instal•lats, que acabi amb aquesta abstracció denominada crisi – tant carnal, però, per a bona part de la nostra societat -.
I, ara per ara, hi ha dues maneres de que es provoqui aquest moviment. Una, la trobo difícil en aquests moments, pot sorgir espontàniament de la societat com un rebuig a una situació de paràlisi, inanició i certa desesperació. Altra –és la seva obligació – ha de sorgir dels sindicats i de les organitzacions d’esquerra que, abandonant la por al protagonisme social, es mullin i liderin un canvi socioeconòmic i una rebel•lió de la que alguns sociòlegs anomenen “multitud intel•ligent” – de la que pot formar part qualsevol persona -, basada en propostes d’acció molt concretes i específiques, que posi fi a una situació cada cop més insostenible socialment, política i econòmica.
lunes, 4 de enero de 2010
De niveles, escalas y ámbitos en el lenguaje
En la presentación de este blog, se dice que está dedicado a temas relacionados con la formación, la educación, el empleo y otras políticas públicas. Hoy, sin embargo, me siento ensayista y, dado que no sólo de empleo, educación, formación y políticas públicas vive el hombre - aunque todos son imprescindibles para vivir dignamente y, en los tiempos que corren, algunos sólo pueden vivir gracias a las últimas – voy a dedicar unas líneas a reflexionar sobre el lenguaje - cosa de la educacón, al final -.
Acabo de leer la prensa y me he encontrado con la siguiente frase: “El temor al terrorismo a nivel mundial aumenta los controles en los aeropuertos”. Es habitual escuchar a cualquier seudo-entendido y captar la cantidad de a nivel de que utiliza en su disertación: desde el político más ignoto al que ocupa el número uno en la lista de popularidad, desde el ciudadano que explica sus experiencias sentimentales a otro hasta la señora que, con desparpajo, expone sus sinvergüenzas en un programa televisivo. En unos u otros casos, diríase que el uso de la citada expresión es inversamente proporcional a la capacidad de sus neuronas.
Ante tamaño abuso verbal o escrito, uno concluye, como en muchas otras cosas, que hemos aceptado de manera frenética la incultura que nos llega de los “usaunidenses” (at the level of) – aunque algunos prefieren considerar la expresión como un galicismo au niveau de -. En nuestros días, no existe nada apreciable si no tiene nivel: la profesionalidad, el colesterol, la economía, el delito, el paro, la competencia, los precios… Se trata, en realidad, de un esnobismo similar al que muchas personas utilizan a la hora de comer, prefiriendo el bic mac al cocido, la paella o el pan con tomate y jamón.
Y, aunque escribo esta entrada en castellano, el problema de la pérdida de riqueza cultural que significa esta adopción de parla extranjera se produce en los diferentes idiomas del solar hispano. En Cataluña, por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar como cualquier político confunde l’àmbit català (el ámbito catalán) con el nivel altimétrico del territorio o como supuestos eruditos contertulianos radiofónicos nos lían al hablar del “nivel local” cuando se refieren a una escala de actuación territorialmente delimitada.
Evidentemente, resulta difícil hacer entender a determinados magines, que siempre despreciaron las letras “porque son cosa de leguleyos o lletraferits”, que, si hubiesen cultivados el ámbito – no el nivel - de la lectura y hubiesen perfeccionado el idioma a escala – no a nivel - de competencia, serían más correctos en sus expresiones y contribuirían a preservar nuestros idiomas.
En la presentación de este blog, se dice que está dedicado a temas relacionados con la formación, la educación, el empleo y otras políticas públicas. Hoy, sin embargo, me siento ensayista y, dado que no sólo de empleo, educación, formación y políticas públicas vive el hombre - aunque todos son imprescindibles para vivir dignamente y, en los tiempos que corren, algunos sólo pueden vivir gracias a las últimas – voy a dedicar unas líneas a reflexionar sobre el lenguaje - cosa de la educacón, al final -.
Acabo de leer la prensa y me he encontrado con la siguiente frase: “El temor al terrorismo a nivel mundial aumenta los controles en los aeropuertos”. Es habitual escuchar a cualquier seudo-entendido y captar la cantidad de a nivel de que utiliza en su disertación: desde el político más ignoto al que ocupa el número uno en la lista de popularidad, desde el ciudadano que explica sus experiencias sentimentales a otro hasta la señora que, con desparpajo, expone sus sinvergüenzas en un programa televisivo. En unos u otros casos, diríase que el uso de la citada expresión es inversamente proporcional a la capacidad de sus neuronas.
Ante tamaño abuso verbal o escrito, uno concluye, como en muchas otras cosas, que hemos aceptado de manera frenética la incultura que nos llega de los “usaunidenses” (at the level of) – aunque algunos prefieren considerar la expresión como un galicismo au niveau de -. En nuestros días, no existe nada apreciable si no tiene nivel: la profesionalidad, el colesterol, la economía, el delito, el paro, la competencia, los precios… Se trata, en realidad, de un esnobismo similar al que muchas personas utilizan a la hora de comer, prefiriendo el bic mac al cocido, la paella o el pan con tomate y jamón.
Y, aunque escribo esta entrada en castellano, el problema de la pérdida de riqueza cultural que significa esta adopción de parla extranjera se produce en los diferentes idiomas del solar hispano. En Cataluña, por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar como cualquier político confunde l’àmbit català (el ámbito catalán) con el nivel altimétrico del territorio o como supuestos eruditos contertulianos radiofónicos nos lían al hablar del “nivel local” cuando se refieren a una escala de actuación territorialmente delimitada.
Evidentemente, resulta difícil hacer entender a determinados magines, que siempre despreciaron las letras “porque son cosa de leguleyos o lletraferits”, que, si hubiesen cultivados el ámbito – no el nivel - de la lectura y hubiesen perfeccionado el idioma a escala – no a nivel - de competencia, serían más correctos en sus expresiones y contribuirían a preservar nuestros idiomas.
domingo, 3 de enero de 2010
El mite de les avaluacions externes en educació i la inspecció
De cop, l’avaluació s’ha convertit per art de màgia legislativa en el “bálsamo de Fierabrás” que, en un futur indeterminat, solucionarà gran part dels problemes del sistema educatiu. En tant que l’avaluació és inseparable d’una filosofia de l’acció humana, és evident que cal avaluar, però si els resultats d’allò que s’avalua i, sobretot, les conclusions i recomanacions que se’n treuen no van enlloc, l’avaluació resta inútil. Altrament dit, l’avaluació en educació ha de ser pertinent en la seva realització i en els seus resultats, per tal que sigui un instrument eficaç al servei de l'aprenentatge.
Què està passant però amb les avaluacions externes a l’ús en educació? Comencem per afirmar que parteixen de dos greus errors de plantejament: d’una banda, no es tracta, en la major part dels casos, d’avaluacions externes, car en molts casos l’agent avaluador és habitualment jutge i part (per exemple, la inspecció, en tant que forma part de la comunitat educativa d’un centre); d’altra banda, els resultats estan servint per classificar, no pas per millorar. Com a conseqüència d’aquest darrer fet, es conclou que l’alumnat de tal lloc es troba posicionat en el número ics del món o de Catalunya en tal o qual cosa, però no s’actua de manera immediata, eficaç i eficient per a donar solució a les causes que li situen en aquell lloc. Podem afirmar que l’avaluació externa ha esdevingut avui a casa nostra un objectiu en sí mateixa.
D’altra banda, l’educació, la formació dels ciutadans, és conseqüència d’un llarg procés que té uns arrels, uns inicis, un desenvolupament i uns resultats. Per tant, la seva avaluació ha de tenir present, en tots els casos, aquest procés. Ha de ser, doncs, el resultat d’una combinació entre elements interns i elements externs. I com a tal, ha de realitzar-se, en part, per agents interns i, en part, per agents externs.
Quant als agents interns, el pertinent i adequat en l’avaluació de l’educació és el professorat. En aquest cas, i com a representant en cada centre del departament responsable en matèria educativa, serà funció de la inspecció l’assegurament de la tasca eficaç i eficient del professorat. Haurà de procurar-li, doncs, un entorn professional i pedagògic adequat i els recursos i les eines que necessita. Aquestes funcions de la inspecció hauran de ser avaluades externament i hauran de tenir com a objectiu mesurar alhora l’eficàcia i eficiència de la seva actuació.
Els agents externs hauran de calibrar la pertinència, l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte de les mesures i recursos que es disposen per tal que l’avaluació doni els resultats esperats. En aquest cas, la inspecció educativa haurà d’aportar les dades que hagi aplegat i, en tots els casos, serà “subjecte pacient” de l’avaluació en tant que forma part dels instruments i recursos que s’han de posar a l’abast del professorat en el procés d’ensenyament-aprenentatge i de la direcció en els processos d’organització i gestió.
Així considerada l’avaluació i el paper que en ella ha de jugar el servei d’inspecció, a compte de què aquesta està duent a terme a Catalunya l’anomenada “avaluació global diagnòstica dels centres”? És clar que, sent la inspecció jutge i part, els resultats de l’anàlisi mancaran de transparència, fiabilitat i credibilitat.
De cop, l’avaluació s’ha convertit per art de màgia legislativa en el “bálsamo de Fierabrás” que, en un futur indeterminat, solucionarà gran part dels problemes del sistema educatiu. En tant que l’avaluació és inseparable d’una filosofia de l’acció humana, és evident que cal avaluar, però si els resultats d’allò que s’avalua i, sobretot, les conclusions i recomanacions que se’n treuen no van enlloc, l’avaluació resta inútil. Altrament dit, l’avaluació en educació ha de ser pertinent en la seva realització i en els seus resultats, per tal que sigui un instrument eficaç al servei de l'aprenentatge.
Què està passant però amb les avaluacions externes a l’ús en educació? Comencem per afirmar que parteixen de dos greus errors de plantejament: d’una banda, no es tracta, en la major part dels casos, d’avaluacions externes, car en molts casos l’agent avaluador és habitualment jutge i part (per exemple, la inspecció, en tant que forma part de la comunitat educativa d’un centre); d’altra banda, els resultats estan servint per classificar, no pas per millorar. Com a conseqüència d’aquest darrer fet, es conclou que l’alumnat de tal lloc es troba posicionat en el número ics del món o de Catalunya en tal o qual cosa, però no s’actua de manera immediata, eficaç i eficient per a donar solució a les causes que li situen en aquell lloc. Podem afirmar que l’avaluació externa ha esdevingut avui a casa nostra un objectiu en sí mateixa.
D’altra banda, l’educació, la formació dels ciutadans, és conseqüència d’un llarg procés que té uns arrels, uns inicis, un desenvolupament i uns resultats. Per tant, la seva avaluació ha de tenir present, en tots els casos, aquest procés. Ha de ser, doncs, el resultat d’una combinació entre elements interns i elements externs. I com a tal, ha de realitzar-se, en part, per agents interns i, en part, per agents externs.
Quant als agents interns, el pertinent i adequat en l’avaluació de l’educació és el professorat. En aquest cas, i com a representant en cada centre del departament responsable en matèria educativa, serà funció de la inspecció l’assegurament de la tasca eficaç i eficient del professorat. Haurà de procurar-li, doncs, un entorn professional i pedagògic adequat i els recursos i les eines que necessita. Aquestes funcions de la inspecció hauran de ser avaluades externament i hauran de tenir com a objectiu mesurar alhora l’eficàcia i eficiència de la seva actuació.
Els agents externs hauran de calibrar la pertinència, l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte de les mesures i recursos que es disposen per tal que l’avaluació doni els resultats esperats. En aquest cas, la inspecció educativa haurà d’aportar les dades que hagi aplegat i, en tots els casos, serà “subjecte pacient” de l’avaluació en tant que forma part dels instruments i recursos que s’han de posar a l’abast del professorat en el procés d’ensenyament-aprenentatge i de la direcció en els processos d’organització i gestió.
Així considerada l’avaluació i el paper que en ella ha de jugar el servei d’inspecció, a compte de què aquesta està duent a terme a Catalunya l’anomenada “avaluació global diagnòstica dels centres”? És clar que, sent la inspecció jutge i part, els resultats de l’anàlisi mancaran de transparència, fiabilitat i credibilitat.
viernes, 25 de diciembre de 2009
L’autonomia dels centres educatius, una qüestió de poder i responsabilitat
Els mitjans de comunicació de Catalunya s’estan fent ressò d’alguns aspectes d’escassa fondària que conté l’esborrany de decret que, sobre l’autonomia dels centres educatius, té previst aprovar el Govern de la Generalitat de Catalunya. Alguns aspectes destacats pels mitjans – és sorprenent un cop més que aquests disposin d’informació abans que en disposi la tant cloquejada comunitat educativa que habita els centres– són: “els directors podran sancionar el professorat” (veure una entrada anterior d’aquest blog: Brindis al sol i política educativa); “els alumnes podran ser sancionats amb mesures correctores d’utilitat social” (els anys 80 del passat segle aquesta pràctica era habitual en alguns centres de formació professional del Baix Llobregat)... Evidentment, per a aquest viatge no feien falta alforges. N’hi ha d’haver quelcom més al decret. I, efectivament, hi ha d’altres i importants qüestions sobre les quals reflexionar. Una de molt important: l’autonomia dels centres educatius.
Autonomia i poder
Aplicat a les escoles, com a qualsevol altra institució, el terme autonomia –paraula que designa un mitjà i no pas un fi- vol dir desconcentració del poder, assumpció de responsabilitats, transferència de competències. Termes que són equivalents només per les seves connotacions, però que tots ells suposen, en aquest cas, atorgar poders als òrgans directius dels centres, als consells de direcció, als claustres del professorat, als consells escolars, i la pèrdua de poder dels òrgans centrals de govern. En resum, la concreció de l’autonomia es dóna en l’exercici del poder, el seu repartiment i la seva aplicació pràctica. És a dir, qui ostenta el poder no actua per sí mateix, té la capacitat de fer-fer als altres. En paraules de Michel Foucault, el poder és “une action sur l’action”.
La qüestió del repartiment del poder té importància cabdal en el mitjà escolar. Per un costat, ha de donar suma zero: més poder per a un, comporta menys poder per a altres; més poder per als òrgans de direcció dels centres, menys per als serveis centrals i territorials; més per als òrgans col•lectius de professorat, menys poder per als directius; més poder per als òrgans col•lectius representatius de la comunitat educativa, menys per als òrgans col•lectius de professorat. D’altra banda, la presa de més poder ha de comportar l’assumpció de major responsabilitat i la implicació en la coresponsabilitat: més poder per als òrgans de direcció significa ser coresponsables de les polítiques i de les pràctiques institucionals; més poder per als òrgans col•lectius exigeix coresponsabilitat en el projecte educatiu del centre (PEC)...
Val a dir que l’objectiu que es troba en la base de l’autonomia dels centres educatius, d’acord amb l’esborrany de decret, és augmentar la qualitat i la competitivitat en l’educació. Aquesta doble finalitat amaga una trampa, car es fa servir dos termes que no necessàriament tenen relació directa i que, fins i tot, poden portar a resultats negatius quan s’interelacionen. És un senyal “de modernitat” transmutada directament del món del capitalisme, atès que es revela una visió mercantilista de l’educació quan es legisla que a millors resultats els centres educatius disposaran de més recursos, sacralitzant així els resultats –assimilant-los a qualitat - sense prendre en consideració els processos i els recursos prèviament existents – imprescindibles per a la competitivitat -.
Ara bé, fent abstracció de l’important caràcter ideològic que oculta el decret, tornem a les reflexions inicials sobre autonomia i poder, parant atenció en els continguts positius que comporten. Deixo per a una propera reflexió els aspectes crítics de l’esborrany de decret.
Governança i responsabilitat
Autonomia significa, en primer lloc, la competència de cada centre per identificar la pròpia identitat i els propis objectius a curt, mitjà i llarg termini, així com la capacitat de construir una estratègia per assolir-los i la possibilitat de disposar dels recursos necessaris.
1. Perquè això sigui possible, és imprescindible comptar amb equips directius i de professorat responsables i actius, capaços d’afrontar les dificultats que planteja dia a dia una institució complexa com l’escola, disposats a superar definitivament un tipus d’organització centralista, governada per una manera d’actuar basada en l’assumpció teòrica de totes les responsabilitats per part de la conselleria corresponent, des de la financera fins l’administrativa, des del nomenament del professorat a la presa de responsabilitat civil davant les famílies i la societat. En aquest context, els professionals de l’educació (tant els qui només ensenyen, com els qui també gestionen) centren la seva activitat en desenvolupar els programes formatius i administrar-ne l’alternança temporal, bé procurant, en el millor dels casos, un clima social positiu als centres, bé cercant satisfer desitjos personals.
Front aquesta situació, el panorama que es planteja amb el decret d’autonomia de centres comporta una forma molt madura de participació democràtica, que exigeix una forta i clara afirmació del principi de responsabilitat. Alhora, aquest demana rendiment de comptes per part dels perceptors de l’autonomia: un programa d’acció clarament definit i verificable, amb criteris d’avaluació públics i transparents.
2. L’augment de responsabilitat haurà de comportar també un canvi en el rol dels òrgans de direcció dels centres. Especialment, s’haurà de modificar el paper de la figura de qui exerceix la direcció, que no podrà limitar-se a ser un mediador d’interessos particulars interns i corporatius, sinó que haurà d’ésser de vell antuvi garant del rumb cap el qual el centre educatiu evoluciona i innova, tot sintetitzant les exigències internes i les externes, canalitzant els interessos de tots els implicats, en el marc d’una estratègia general que cerca la qualitat organitzativa i pedagògica, per tal d’assolir un servei públic de primer nivell.
És clar que, perquè això sigui possible, el centre educatiu i els seus gestors – les direccions i el professorat - han d’ésser incentivats, han de rebre aportacions (en plural, perquè afecta finançament, infraestructures, personal, recursos pedagògics...), que els permetin treballar amb seguretat, sense dependre un dia i altre de la “bona voluntat dels qui governen”. Diuen que de bones intencions l’infern n’és ple.
3. L’actual estat, generalment poc positiu, del govern dels centres educatius és incompatible amb l’autonomia, l’assumpció de responsabilitats i el conseqüent rendiment de comptes. Aquest últim requereix de programes d’actuació, criteris de valoració i identificació d’actors i agents, clarament definits i verificables. Aquests elements, juntament amb el PEC, són claus per demostrar la capacitat d’autogovern del centres.
4. Per garantir una autonomia eficaç en els centres és necessari, per un costat, separar i, per altre, articular els objectius particulars de cada centre i els generals del sistema educatiu. Aquests últims no han de suposar pas cap obstacle, sinó que han de servir com a punt de referència i d’estímul per a l’autonomia assumida amb responsabilitat.
5. L’assumpció d’autonomia significa també augment de responsabilitat col•lectiva i individual del professorat comunament acostumat a centrar-se en el “propi” programa formatiu i en l’activitat de la “seva” aula, sense que els resultats de la tasca que duen a terme tinguin necessàriament a veure amb el PEC i amb els objectius generals, amb una gran absència de crítica externa i d’autocrítica. L’hàbit d’adaptació a noves formes de fer, saber i ensenyar, és una manera madura de participació democràtica en l’autonomia.
6. Punt de referència considerable de l’autonomia conscientment adquirida és el nivell d’implicació i compromís que els centres educatius han d’assolir amb l’entorn social, cultural i econòmic. D’una banda, l’activitat dels centres afecta els àmbits logístics, organitzatius i de decisió de l’entorn local i, per tant, serà important valorar la cooperació necessària d’aquesta afectació. D’altra banda, l’activitat dels centres haurà d’integrar-se en el conjunt d’actuacions que de caire educatiu, cultural i social es duen a terme en l’entorn local, com aportació pròpia al servei al ciutadà. Així, el centre educatiu, en l’exercici de la seva autonomia, haurà de considerar de manera equilibrada els interessos i necessitats externs i interns, modificant aquests darrers si fóra necessari, amb la finalitat d’establir relacions clares i estables afavoridores del capital social de l’entorn.
7. L’autonomia dels centres afecta així mateix l’interior de la institució escolar, que s’haurà de regir també pels principis de la governança: simplicitat, claredat i transparència, responsabilitat compartida. Ara bé, això exigeix, entre d’altres, un treball coordinat entre l’activitat didàctica i la formulació de propostes orgàniques, fonamentat en l’estabilitat de les plantilles professionals. L’actual situació de ball de bastons que es viu al final i en l’inici de cada curs escolar no es pot mantenir i incideix negativament davant de qualsevol actuació que es vulgui dur a terme cap a l’autonomia dels centres. És imprescindible situar aquest tema en l’àmbit de les sinergies estratègiques entre conselleria i centres.
8. En el mateix sentit, ha d’actuar la generació de normativa que afecta l’acció dels centres. Actualment, existeix una estratificació abusiva de lleis, decrets i altres normes que impossibilita la transició a un model descentralitzat i desconcentrat. Aquesta normativa provoca, d’una banda, importants dificultats a la gestió i, d’altra, empeny els docents a participar en processos de pressa de decisió parcel•lats i repetitius. El principi de subsidiarietat i la simplificació burocràtica són la base d’un model d’autonomia.
9. Aquest model necessita alhora d’una formulació organitzativa dels centres basada en la federació, física o virtual. Tot exemplificant: els cinc centres d’ensenyament secundari existents en un determinat àmbit local han de garantir un determinat nivell d’oferta de serveis educatius de forma complementària i cooperant. A la vegada, aquesta federació, conseqüència de l’autonomia, ha de facilitar l’existència d’economies d’escala per a l’abastament de béns, serveis i recursos.
És important, però, fer aquí una breu referència a la possible temptació, per part dels responsables de la política educativa, de crear “megacentres” sota una gestió unitària, basant-se en principis d’eficàcia i eficiència sense considerar d’altres com la pertinència, l’impacte o la sostenibilitat.
10. Per cloure aquestes reflexions i aportacions cal fer esment del sistema de selecció i contractació de professorat al servei dels centres educatius en un marc d’autonomia de gestió. Evidentment, el tema requereix d’una anàlisi molt detinguda, ara bé, la selecció i contractació de professorat és el nus gordià de la política educativa, per tant, en un marc d’autonomia de centres, haurà de gaudir d’una rigorosa avaluació qualitativa, situada lluny de qualsevol rigidesa, de mecanismes centralitzats i d’un mercat de treball únic.
Els mitjans de comunicació de Catalunya s’estan fent ressò d’alguns aspectes d’escassa fondària que conté l’esborrany de decret que, sobre l’autonomia dels centres educatius, té previst aprovar el Govern de la Generalitat de Catalunya. Alguns aspectes destacats pels mitjans – és sorprenent un cop més que aquests disposin d’informació abans que en disposi la tant cloquejada comunitat educativa que habita els centres– són: “els directors podran sancionar el professorat” (veure una entrada anterior d’aquest blog: Brindis al sol i política educativa); “els alumnes podran ser sancionats amb mesures correctores d’utilitat social” (els anys 80 del passat segle aquesta pràctica era habitual en alguns centres de formació professional del Baix Llobregat)... Evidentment, per a aquest viatge no feien falta alforges. N’hi ha d’haver quelcom més al decret. I, efectivament, hi ha d’altres i importants qüestions sobre les quals reflexionar. Una de molt important: l’autonomia dels centres educatius.
Autonomia i poder
Aplicat a les escoles, com a qualsevol altra institució, el terme autonomia –paraula que designa un mitjà i no pas un fi- vol dir desconcentració del poder, assumpció de responsabilitats, transferència de competències. Termes que són equivalents només per les seves connotacions, però que tots ells suposen, en aquest cas, atorgar poders als òrgans directius dels centres, als consells de direcció, als claustres del professorat, als consells escolars, i la pèrdua de poder dels òrgans centrals de govern. En resum, la concreció de l’autonomia es dóna en l’exercici del poder, el seu repartiment i la seva aplicació pràctica. És a dir, qui ostenta el poder no actua per sí mateix, té la capacitat de fer-fer als altres. En paraules de Michel Foucault, el poder és “une action sur l’action”.
La qüestió del repartiment del poder té importància cabdal en el mitjà escolar. Per un costat, ha de donar suma zero: més poder per a un, comporta menys poder per a altres; més poder per als òrgans de direcció dels centres, menys per als serveis centrals i territorials; més per als òrgans col•lectius de professorat, menys poder per als directius; més poder per als òrgans col•lectius representatius de la comunitat educativa, menys per als òrgans col•lectius de professorat. D’altra banda, la presa de més poder ha de comportar l’assumpció de major responsabilitat i la implicació en la coresponsabilitat: més poder per als òrgans de direcció significa ser coresponsables de les polítiques i de les pràctiques institucionals; més poder per als òrgans col•lectius exigeix coresponsabilitat en el projecte educatiu del centre (PEC)...
Val a dir que l’objectiu que es troba en la base de l’autonomia dels centres educatius, d’acord amb l’esborrany de decret, és augmentar la qualitat i la competitivitat en l’educació. Aquesta doble finalitat amaga una trampa, car es fa servir dos termes que no necessàriament tenen relació directa i que, fins i tot, poden portar a resultats negatius quan s’interelacionen. És un senyal “de modernitat” transmutada directament del món del capitalisme, atès que es revela una visió mercantilista de l’educació quan es legisla que a millors resultats els centres educatius disposaran de més recursos, sacralitzant així els resultats –assimilant-los a qualitat - sense prendre en consideració els processos i els recursos prèviament existents – imprescindibles per a la competitivitat -.
Ara bé, fent abstracció de l’important caràcter ideològic que oculta el decret, tornem a les reflexions inicials sobre autonomia i poder, parant atenció en els continguts positius que comporten. Deixo per a una propera reflexió els aspectes crítics de l’esborrany de decret.
Governança i responsabilitat
Autonomia significa, en primer lloc, la competència de cada centre per identificar la pròpia identitat i els propis objectius a curt, mitjà i llarg termini, així com la capacitat de construir una estratègia per assolir-los i la possibilitat de disposar dels recursos necessaris.
1. Perquè això sigui possible, és imprescindible comptar amb equips directius i de professorat responsables i actius, capaços d’afrontar les dificultats que planteja dia a dia una institució complexa com l’escola, disposats a superar definitivament un tipus d’organització centralista, governada per una manera d’actuar basada en l’assumpció teòrica de totes les responsabilitats per part de la conselleria corresponent, des de la financera fins l’administrativa, des del nomenament del professorat a la presa de responsabilitat civil davant les famílies i la societat. En aquest context, els professionals de l’educació (tant els qui només ensenyen, com els qui també gestionen) centren la seva activitat en desenvolupar els programes formatius i administrar-ne l’alternança temporal, bé procurant, en el millor dels casos, un clima social positiu als centres, bé cercant satisfer desitjos personals.
Front aquesta situació, el panorama que es planteja amb el decret d’autonomia de centres comporta una forma molt madura de participació democràtica, que exigeix una forta i clara afirmació del principi de responsabilitat. Alhora, aquest demana rendiment de comptes per part dels perceptors de l’autonomia: un programa d’acció clarament definit i verificable, amb criteris d’avaluació públics i transparents.
2. L’augment de responsabilitat haurà de comportar també un canvi en el rol dels òrgans de direcció dels centres. Especialment, s’haurà de modificar el paper de la figura de qui exerceix la direcció, que no podrà limitar-se a ser un mediador d’interessos particulars interns i corporatius, sinó que haurà d’ésser de vell antuvi garant del rumb cap el qual el centre educatiu evoluciona i innova, tot sintetitzant les exigències internes i les externes, canalitzant els interessos de tots els implicats, en el marc d’una estratègia general que cerca la qualitat organitzativa i pedagògica, per tal d’assolir un servei públic de primer nivell.
És clar que, perquè això sigui possible, el centre educatiu i els seus gestors – les direccions i el professorat - han d’ésser incentivats, han de rebre aportacions (en plural, perquè afecta finançament, infraestructures, personal, recursos pedagògics...), que els permetin treballar amb seguretat, sense dependre un dia i altre de la “bona voluntat dels qui governen”. Diuen que de bones intencions l’infern n’és ple.
3. L’actual estat, generalment poc positiu, del govern dels centres educatius és incompatible amb l’autonomia, l’assumpció de responsabilitats i el conseqüent rendiment de comptes. Aquest últim requereix de programes d’actuació, criteris de valoració i identificació d’actors i agents, clarament definits i verificables. Aquests elements, juntament amb el PEC, són claus per demostrar la capacitat d’autogovern del centres.
4. Per garantir una autonomia eficaç en els centres és necessari, per un costat, separar i, per altre, articular els objectius particulars de cada centre i els generals del sistema educatiu. Aquests últims no han de suposar pas cap obstacle, sinó que han de servir com a punt de referència i d’estímul per a l’autonomia assumida amb responsabilitat.
5. L’assumpció d’autonomia significa també augment de responsabilitat col•lectiva i individual del professorat comunament acostumat a centrar-se en el “propi” programa formatiu i en l’activitat de la “seva” aula, sense que els resultats de la tasca que duen a terme tinguin necessàriament a veure amb el PEC i amb els objectius generals, amb una gran absència de crítica externa i d’autocrítica. L’hàbit d’adaptació a noves formes de fer, saber i ensenyar, és una manera madura de participació democràtica en l’autonomia.
6. Punt de referència considerable de l’autonomia conscientment adquirida és el nivell d’implicació i compromís que els centres educatius han d’assolir amb l’entorn social, cultural i econòmic. D’una banda, l’activitat dels centres afecta els àmbits logístics, organitzatius i de decisió de l’entorn local i, per tant, serà important valorar la cooperació necessària d’aquesta afectació. D’altra banda, l’activitat dels centres haurà d’integrar-se en el conjunt d’actuacions que de caire educatiu, cultural i social es duen a terme en l’entorn local, com aportació pròpia al servei al ciutadà. Així, el centre educatiu, en l’exercici de la seva autonomia, haurà de considerar de manera equilibrada els interessos i necessitats externs i interns, modificant aquests darrers si fóra necessari, amb la finalitat d’establir relacions clares i estables afavoridores del capital social de l’entorn.
7. L’autonomia dels centres afecta així mateix l’interior de la institució escolar, que s’haurà de regir també pels principis de la governança: simplicitat, claredat i transparència, responsabilitat compartida. Ara bé, això exigeix, entre d’altres, un treball coordinat entre l’activitat didàctica i la formulació de propostes orgàniques, fonamentat en l’estabilitat de les plantilles professionals. L’actual situació de ball de bastons que es viu al final i en l’inici de cada curs escolar no es pot mantenir i incideix negativament davant de qualsevol actuació que es vulgui dur a terme cap a l’autonomia dels centres. És imprescindible situar aquest tema en l’àmbit de les sinergies estratègiques entre conselleria i centres.
8. En el mateix sentit, ha d’actuar la generació de normativa que afecta l’acció dels centres. Actualment, existeix una estratificació abusiva de lleis, decrets i altres normes que impossibilita la transició a un model descentralitzat i desconcentrat. Aquesta normativa provoca, d’una banda, importants dificultats a la gestió i, d’altra, empeny els docents a participar en processos de pressa de decisió parcel•lats i repetitius. El principi de subsidiarietat i la simplificació burocràtica són la base d’un model d’autonomia.
9. Aquest model necessita alhora d’una formulació organitzativa dels centres basada en la federació, física o virtual. Tot exemplificant: els cinc centres d’ensenyament secundari existents en un determinat àmbit local han de garantir un determinat nivell d’oferta de serveis educatius de forma complementària i cooperant. A la vegada, aquesta federació, conseqüència de l’autonomia, ha de facilitar l’existència d’economies d’escala per a l’abastament de béns, serveis i recursos.
És important, però, fer aquí una breu referència a la possible temptació, per part dels responsables de la política educativa, de crear “megacentres” sota una gestió unitària, basant-se en principis d’eficàcia i eficiència sense considerar d’altres com la pertinència, l’impacte o la sostenibilitat.
10. Per cloure aquestes reflexions i aportacions cal fer esment del sistema de selecció i contractació de professorat al servei dels centres educatius en un marc d’autonomia de gestió. Evidentment, el tema requereix d’una anàlisi molt detinguda, ara bé, la selecció i contractació de professorat és el nus gordià de la política educativa, per tant, en un marc d’autonomia de centres, haurà de gaudir d’una rigorosa avaluació qualitativa, situada lluny de qualsevol rigidesa, de mecanismes centralitzats i d’un mercat de treball únic.
martes, 1 de diciembre de 2009
La educación es cosa de personas estudiosas
Allá por el año 1997, David Noer publicó una obra titulada El cambio en las organizaciones. El camino para la transformación de las personas y las empresas (Prentice-Hall. México). Este manual a menudo me sirve de referente para reflexionar sobre cómo se podría cambiar la organización escuela y el liderazgo necesario en ella. En su obra, Noer estudia los patrones de respuesta que se dan ante el cambio por parte de los que ejercen funciones directivas. Basándose en dos variables y cruzándolas define cuatro patrones de respuesta. Las variables son: por un lado, la aptitud de las personas para cambiar, que la fundamenta en la capacidad de aprender de la propia experiencia; por otro lado, el sentirse cómodos con el cambio, es decir, la disposición a aprender. Como consecuencia del cruce divide a las personas en cuatro grupos (patrones) con relación a las respuestas individuales frente al cambio: las apabulladas, las atrincheradas, las fanfarronas y las estudiosas.
No es necesario explicar el qué de cada una de ellas porque el sólo apelativo ya nos habla de sus características. Me fijaré en los cuatro patrones para reflexionar sobre la tipología de personas que gobiernan – en sentido amplio - la organización educativa de Cataluña y para apuntar algunas ideas sobre las personas que necesita la escuela, tanto a nivel individual como organizativo.
Personas apabulladas, ahílas, sobre todo a escala individual: entre infelices, frustradas y angustiadas, con baja autoestima, con sensación de impotencia, que temen el fracaso pero no se enfrentan a los problemas que tienen delante, que muestran conductas pasivo-agresivas, que desean el retorno al pasado, que el alumnado y el profesorado les incomoda. También existe esta tipología a escala organizacional, principalmente, entre los que piensan que cualquier tiempo pasado ha sido mejor, que “estos tíos lo cambian todo y me desordenan los papeles que tengo encima de la mesa”. Son inmovilistas por naturaleza. A veces, tan sólo tienen en sus manos una pequeña parcela de poder - controlan bases de datos u otro tipo de información - detrás de la cual se fortifican, imposibilitan la transparencia e impiden el aprendizaje de los demás.
Las personas atrincheradas que habitan el sistema educativo también se mueven entre la angustia y la frustración, están seguras de que las fórmulas del pasado son válidas, la culpa siempre es de los otros, van trampeando, sobreviven (casi piden perdón por hacerlo), bloquean inconscientemente todo cambio, dirigen con fórmulas del pasado, se sienten amenazadas, se refugian detrás de la cátedra o sobre la tarima. Las que ocupan un puesto en la organización educativa se dedican básicamente a hacer de funcionarios, aunque manden. Sobreviven aunque no dejan sobrevivir: a mí que no me molesten. Algunas, incluso, se revisten de cambio y se agazapan bajo ese vestido.
Las fanfarronas abundan actualmente a escala individual y organizacional. Se sienten cómodas con la necesidad de cambio, tanto, que a veces son apreciadas como un faro de nueva luz – hasta que se mide su potencia -. Son ilusoriamente optimistas, por eso engañan. En todo momento, están a punto para pasar a la acción: lanzan ideas, una detrás de otra, aunque no tengan consistencia ni legitimidad y su posible aplicación comporte situarse en la a-legalidad. Su meta es siempre el mañana: "haremos". Se sienten seguras porque están revestidas de poder, lo sobrevaloran, y, por ello, se meten en berenjenales cada vez que abren la boca. Piensan que hasta su llegada nada se hizo bien. Sin embargo, olvidan los retos importantes y no aprovechan en positivo las oportunidades porque las malgastan. Habitualmente, tienen tendencia a servirse del poder y a olvidar que éste significa asunción de responsabilidades y cumplimiento de obligaciones.
Las personas estudiosas son las que más cómodas se sienten con la necesidad de cambio. Abundan poco, tanto a escala individual como organizacional. Son joyas en la pequeña y en la gran organización que, al ser conscientes de sus fortalezas, conocer sus debilidades y los límites de su poder, a veces pasan desapercibidas porque no hacen ruido. Sin embargo, trabajan activamente por solucionar problemas en lugar de buscar culpables, están siempre dispuestas a rellenar agujeros y aportar valor. No hacen castillos en el aire, tienen los pies en el suelo. Son crítico-propositivas, son dialogantes y, por ello, construyen por sí mismas y ayudan a construir. Hacen pedagogía individual y colectiva.
Considero que en el mundo de la educación faltan hoy personas estudiosas, tanto individualmente - aunque tal vez sobren investigadores -, como organizacionalmente – tal vez abundan en número, pero adolecen de calidad -. Personas que contribuyan a afrontar la tensión y la fatiga; que ayuden en las transiciones de lo viejo a lo nuevo; que entienden y aporten remedios a la frustración, al desánimo y a la angustia; que impulsen y cooperen en la puesta en marcha de proyectos individuales y colectivos; que, antes de hacer, dialoguen; que supervisen, inspeccionen, valoren, corrijan, recomienden y orienten de manera cercana; que sepan protegerse ante el deseo de hacerlo todo y deslumbrar con todo. Personas, en fin, que sean líderes del cambio, asumiendo responsablemente sus consecuencias.
No es necesario explicar el qué de cada una de ellas porque el sólo apelativo ya nos habla de sus características. Me fijaré en los cuatro patrones para reflexionar sobre la tipología de personas que gobiernan – en sentido amplio - la organización educativa de Cataluña y para apuntar algunas ideas sobre las personas que necesita la escuela, tanto a nivel individual como organizativo.
Personas apabulladas, ahílas, sobre todo a escala individual: entre infelices, frustradas y angustiadas, con baja autoestima, con sensación de impotencia, que temen el fracaso pero no se enfrentan a los problemas que tienen delante, que muestran conductas pasivo-agresivas, que desean el retorno al pasado, que el alumnado y el profesorado les incomoda. También existe esta tipología a escala organizacional, principalmente, entre los que piensan que cualquier tiempo pasado ha sido mejor, que “estos tíos lo cambian todo y me desordenan los papeles que tengo encima de la mesa”. Son inmovilistas por naturaleza. A veces, tan sólo tienen en sus manos una pequeña parcela de poder - controlan bases de datos u otro tipo de información - detrás de la cual se fortifican, imposibilitan la transparencia e impiden el aprendizaje de los demás.
Las personas atrincheradas que habitan el sistema educativo también se mueven entre la angustia y la frustración, están seguras de que las fórmulas del pasado son válidas, la culpa siempre es de los otros, van trampeando, sobreviven (casi piden perdón por hacerlo), bloquean inconscientemente todo cambio, dirigen con fórmulas del pasado, se sienten amenazadas, se refugian detrás de la cátedra o sobre la tarima. Las que ocupan un puesto en la organización educativa se dedican básicamente a hacer de funcionarios, aunque manden. Sobreviven aunque no dejan sobrevivir: a mí que no me molesten. Algunas, incluso, se revisten de cambio y se agazapan bajo ese vestido.
Las fanfarronas abundan actualmente a escala individual y organizacional. Se sienten cómodas con la necesidad de cambio, tanto, que a veces son apreciadas como un faro de nueva luz – hasta que se mide su potencia -. Son ilusoriamente optimistas, por eso engañan. En todo momento, están a punto para pasar a la acción: lanzan ideas, una detrás de otra, aunque no tengan consistencia ni legitimidad y su posible aplicación comporte situarse en la a-legalidad. Su meta es siempre el mañana: "haremos". Se sienten seguras porque están revestidas de poder, lo sobrevaloran, y, por ello, se meten en berenjenales cada vez que abren la boca. Piensan que hasta su llegada nada se hizo bien. Sin embargo, olvidan los retos importantes y no aprovechan en positivo las oportunidades porque las malgastan. Habitualmente, tienen tendencia a servirse del poder y a olvidar que éste significa asunción de responsabilidades y cumplimiento de obligaciones.
Las personas estudiosas son las que más cómodas se sienten con la necesidad de cambio. Abundan poco, tanto a escala individual como organizacional. Son joyas en la pequeña y en la gran organización que, al ser conscientes de sus fortalezas, conocer sus debilidades y los límites de su poder, a veces pasan desapercibidas porque no hacen ruido. Sin embargo, trabajan activamente por solucionar problemas en lugar de buscar culpables, están siempre dispuestas a rellenar agujeros y aportar valor. No hacen castillos en el aire, tienen los pies en el suelo. Son crítico-propositivas, son dialogantes y, por ello, construyen por sí mismas y ayudan a construir. Hacen pedagogía individual y colectiva.
Considero que en el mundo de la educación faltan hoy personas estudiosas, tanto individualmente - aunque tal vez sobren investigadores -, como organizacionalmente – tal vez abundan en número, pero adolecen de calidad -. Personas que contribuyan a afrontar la tensión y la fatiga; que ayuden en las transiciones de lo viejo a lo nuevo; que entienden y aporten remedios a la frustración, al desánimo y a la angustia; que impulsen y cooperen en la puesta en marcha de proyectos individuales y colectivos; que, antes de hacer, dialoguen; que supervisen, inspeccionen, valoren, corrijan, recomienden y orienten de manera cercana; que sepan protegerse ante el deseo de hacerlo todo y deslumbrar con todo. Personas, en fin, que sean líderes del cambio, asumiendo responsablemente sus consecuencias.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)