Hoy, entre la crisis y las peticiones continuas de reforma, mantener alta la moral de los servicios públicos de empleo (SPE) se convierte en un reto difícil de superar. Tal vez, antes de continuar con las oleadas estacionales de propuesta de reforma de los servicios, sería necesario clarificar algunas cuestiones, no sea que se pongan a transformarlos y no sepan cómo ni por dónde empezar.
¿Qué papel han de jugar los SPE, especialmente en época de crisis?, ¿cuál debería ser su futuro de cara a la aparición de nuevos formas de empleo, cada vez más inestables y más especializadas / generalistas, y que se encuentran en plena recomposición?, ¿será necesario reinventar los SPE, como defienden algunos expertos del tema?
La recesión nos persigue aún: continúan los despidos; los presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los municipios sufren drásticas recortes; los salarios se tambalean; el paro sigue en aumento…; y los SPE capean el temporal como pueden, a veces, poniéndose el desempleo por montera.
Mientras tanto, andamos preguntándonos si hay que “abrir” el servicio de empleo al sector privado porque, según afirman, “lo privado trabaja mejor que lo público”. Dejando a un lado las observaciones sarcásticas que a uno se le ocurren sobre dicha frase, podemos convenir que, tal vez, en lo que se refiere, por ejemplo, a las recolocaciones lo privado obtiene mejores resultados, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas en situación o en riesgo de exclusión, con los parados de larga duración, con las mujeres de una cierta edad…? La respuesta sería, ciertamente, que, ceteris paribus, lo público obtiene resultados más positivos.
Ahora bien, ¿la cuestión importante es dilucidar quién lo hace mejor y, en consecuencia, decidir abrir o no los SPE a la iniciativa privada? Creo que no. Digamos que, antes de pasar a la segunda fase es necesario clarificar y ordenar la “casa” para, si se considera oportuno, abrirla a los demás, después. Sin duda se puede afirmar, en palabras de Cervantes, que lo fiamos lejos, pero es imprescindible realizar algunos pasos previos. Pasos que no requieren de años para su ejecución. Requieren decisión y voluntad política. Es cuestión de actuar y de hacerlo con urgencia, cargada de concienzuda tranquilidad.
Un posible plan de acción comportaría valorar la situación de los SPE analizando, entre otras variables: los medios humanos que disponen y su profesionalización; los recursos materiales y su puesta al día; las técnicas y metodologías que utilizan; los sistemas de acompañamiento y orientación en el inicio y en las transiciones profesionales y laborales; los mecanismos y recursos para la detección de la oferta laboral, para la recolocación, para la cualificación; la disección de la lógica “profesionalizadora” de la lógica de “asistencia social”; los aprendizajes que lo público puede hacer de lo privado y viceversa; las buenas prácticas en vigor en los servicios de empleo; las complementariedades necesarias y las dispensables entre servicios de empleo diferentes; la visión universalista de los servicios; los recursos y las herramientas de prospectiva para la anticipación; el acompañamiento y la orientación en el autoempleo; la transferencia territorializada; la coordinación con los agentes sociales y económicos; la oferta de servicios multidisciplinares existente en los diferentes territorios, a escalas diversas…
Si me apuran, sería necesario previamente ponerse de acuerdo también en el concepto de “demandante de empleo”, al cual han de servir, entre otros, los servicios de empleo. ¿Se trata de una categoría administrativa o de un estatus de ciudadano que tiene unos derechos – oferta de un empleo o una formación, por ejemplo - y unos deberes con la sociedad – como el deber de formarse-? Incluso se puede llegar a redefinir la noción estándar de empleo.
Todo ello y de manera apremiante debería llevarse a cabo, antes de dar el segundo paso.
