No teníamos necesidad de un meteorólogo para saber la tormenta que se nos venía encima: el nombramiento de Juan Ignacio Wert como Ministro de Educación presagiaba truenos, relámpagos, ventiscas y todo tipo de fenómenos atmosféricos adversos. Quien, durante los últimos años, ha tenido la paciencia de escucharle en su entretenimiento remunerado como tertuliano quintacolumnista radiofónico ya podía vaticinar el futuro educativo que espera, y desesperará, a este país.
Antes de continuar con mis breves reflexiones, recomiendo la lectura de la entrada publicada por Mariano Fernández Enguita en su blog, donde ofrece una visión pedagógico-educativa, sociológica y comparada sobre la LOMCE (proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa)
http://enguita.blogspot.com.es/2012/09/adonde-quiere-devolvernos-wert.html
Las propuestas de Wert, y no olvidemos, por tanto, que del Partido Popular, se mueven entre la idea del rendimiento capitalista y el control biopolítico: imposición de formas de jerarquización y autoritarismo justificadas por las “exigencias de la mejora de la calidad”. División y segmentación de la producción cognitiva, a través de la división entre formación “de liceo” y profesionalizadora, llevada a cabo mediante la reordenación de los cursos de los diferentes ciclos y reforzada por la creación de formas cada vez más invasivas de privatización de la educación, desde el parvulario a la enseñanza media, con la, cada vez mayor, presencia de los principio y dogmas del nacionalcatolicismo.
Por medio de la LOMCE y de otras imposiciones normativas y “resolutivas”, el partido gobernante, y Wert como brazo armado – no oculto mi animadversión por este espécimen humano, la misma que él demuestra con la parte menos económicamente pudiente de la sociedad española -, lleva a cabo un ataque y devastación de la educación, en general, y de la escuela pública en particular. Este ataque no es casual y extemporáneo. Se quiere hacer daño a la única institución que juega un papel de cohesión y socialización. El asalto a la escuela tiene como objetivo minar su capacidad de generar ciudadanos activos, capaces de ejercer de manera autónoma el derecho a pensar libremente y la crítica social.
La escuela pública se configura, en primer lugar, como un bien común, con capacidad de interacción social. Aquel bien común que definía Maquivelo (Discursos sobre la primera década de Tito Livio, 1513-1520) como el bien que comprende “no solo la tierra, de la que todos disfrutamos, sino también el lenguaje que creamos entre todos, las prácticas sociales que generamos y las formas de sociabilidad que definen nuestra manera de comportarnos”. La escuela manifiesta por medio de sus actores un potencial cooperativo – tal vez algo narcisista -, una dimensión de la socialización. Con estos componentes de la escuela quiere acabar la imposición legislativa wertziana (conjunción de Werz y berza). La LOMCE y el resto de perlas salidas de su mente quieren finiquitar con el derecho constitucional al aprendizaje, al saber, al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, en el fondo, a una vida digna de ser vivida.