Ahora ya, pero, a partir del próximo 20 de Noviembre más, la cuestión será una lucha de clases, dirigida, en primer lugar, contra las personas en situación precaria, contra los despidos, contra el bien (los bienes) común, contra los derechos sociales, políticos y laborales, contra los intereses generales. De hecho, será una vuelta a la “actividad terrorista”, por activa o por pasiva. Será el uso irresponsable de la ley y de la norma contra los más débiles, contra la mayoría a la cual utilizan como escusa. Será la puesta en práctica de una política de la desesperación y de la falta de perspectiva. Será la contrarevolución: hacer a los ricos más ricos y a los pobres, más pobres. Será el “cuanto peor, mejor para nosotros y los nuestros”.
Los grandes patrimonios estarán exentos de imposición –comenzando por los suyos propios-; las transacciones entre “mafiosos” (banqueros, especuladores, constructores del pelotazo…) tendrán las manos libres. ¿Y los empresarios? Estos tendrán más fácil el despido y el convertir en más precarios a los precarios actuales. La disputa entre lo viejo y lo nuevo no tendrá color: lo viejo, caduco, antisocial, clerical, confesional, triunfará.
Será papel mojado el principio de igualdad consagrado en la Constitución. Toda esperanza de “vínculo republicano” será descartada. Los principios de dignidad, solidaridad, de igualdad de oportunidades, serán aniquilados.
La única alternativa deberá fundamentarse en el principio de transparencia, de libertad; tendrá que incluir un proyecto de lucha de clases, contra élites y grupos de presión, contra la desigualdad social, por la redistribución de la igualdad de oportunidades y de la riqueza, entendida en sentido amplio (salarios, sanidad, educación, cultura…); contra la insolidaridad, entre los “propios” y los vecinos de afuera.
