El amigo Ignacio me ha enviado la intervención de la ministra Mato [la del marido corrupto en la trama Gürtel] en la puesta de largo de la nueva cartilla del Seguro que “universaliza la sanidad”, según palabras de la mendaz y farsante señora. La intervención de la ministra me ha empujado a echar un vistazo a la nueva legislación sobre el tema.
He comprobado que, como quien no quiere la cosa, hemos perdido otro derecho universal: hemos pasado de titulares de un derecho a dependientes del seguro (asegurados). Hasta ayer mismo, los españoles y los extranjeros (según lo que dicta la ley de extranjería) teníamos derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria. Hasta ahora se trataba de un derecho universal para unos y otros. Con ciertas limitaciones, es cierto, impuestas por las prescripciones facultativas y por el control de posibles abusos.
Dado que, repito, hasta ahora, se trataba de un derecho universal, la sanidad se financia con recursos provenientes de los impuestos, no con las cotizaciones a la Seguridad Social. La sanidad se paga con los impuestos procedentes del IRPF, el IVA y otros impuestos. Como era un derecho universal, su aplicación estaba encuadrada en el Sistema Nacional de Salud, conformado por el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. Como se trataba de un derecho universal ya no teníamos la “cartilla del Seguro”, en la que figuraban los “titulares” (cotizantes) y los “beneficiarios” (componentes de la familia del titular, habitualmente, mujeres que sólo trabajaban en casa e hijos menores de 26 años). Cada uno tenía su tarjeta sanitaria, cada uno era titular del propio derecho.
De un plumazo, es decir, una sencilla firma, realizada con pluma de oro [quién sabe si un regalo diferido de la Gürtel], la señora Mato (bueno, y Rajoy, y el que cayó del guindo, y el Werdzas, y el resto de la patulea) nos han devuelto, también en la sanidad y la salud, al lugar donde consideran que nunca debíamos haber salido: nos han retroproyectado a la época del franquismo. Ya se sabe que con él algunos vivían mejor; bueno, nunca han dejado de vivir tan bien como entonces. Como ellos no han salido de allí, tienen la amabilidad de devolvernos a nuestro lugar de origen para que podamos estar con ellos, en plan de iguales, vaya.
Ahora, para poder acceder a las prestaciones sanitarias habrá que “estar de alta” o “asimilado” (los pensionistas y parados somos asimilados, -ya veremos hasta cuándo-) en la Seguridad Social, a pesar de que los ingresos procedentes de las cotizaciones no están destinadas a la sanidad, sino que están destinados a financiar las prestaciones de jubilación, invalidez, enfermedad común o profesional y paro.
Esto quiere decir que las personas que trabajan en casa dejan de ser titulares del derecho a la salud. Vuelven a ser “beneficiarias”, si el marido (dado que suele tratarse de mujeres) las tiene a su cargo; si no las tiene, no tendrán derecho a la salud. Otro tanto sucede con los hijos menores de 26 años o que tienen una discapacidad superior al 65%, que sólo serán beneficiarios si están a cargo del titular de la “cartilla”. En caso contrario, unas y otros han dejado de tener derecho de acceso a la sanidad pública…, a no ser que la paguen enterita.
¡Ah!, y no nos olvidemos de todos los demás que quedan en el limbo sanitario, dada su “situación non grata”: miembros de familias formadas por parejas del mismo sexo, extranjeros, huérfanos sin “titular”, jóvenes menores y mayores de 26 años que aún no han tenido ocasión de trabajar y que han osado independizarse viviendo a base de trabajillos negros, porque es lo único que les ofrecen…
Por cierto, ¿habéis oído cómo ha aumentado inmediatamente el volumen del griterío de los partidos “de la izquierda” parlamentaria por la nueva expropiación del derecho universal a la sanidad?, ¿habéis leído sus proclamas e invitaciones a salir a la calle a exigir la devolución de un derecho universal y constitucional de las personas nacidas o que habitan en este país? Yo, tampoco.
