El artículo 128 de la Constitución española y la salida de la crisis

“1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Leyendo una entrada del blog del profesor Juan Torres he encontrado esta cita del artículo 128 de la Constitución española. Su lectura le deja a uno perplejo (y le recuerda que se hace mayor porque olvida cosas sabidas). ¿Por qué la perplejidad? Sencillamente, porque en ningún momento se ha oído citar dicho artículo a “sabios” de cualquier laya (políticos, periodistas, economistas, politólogos, tertulianos, sacerdotes varios, y, mucho menos, a los banqueros o al mostrenco presidente de la patronal española).

Su lectura me lleva a plantear algunas pocas, pero creo que suficientes, preguntas:
• ¿Por qué, en pro del interés general, no se ha aplica al pie de la letra el artículo 128 en los momentos actuales?
• ¿Por qué no se interviene y nacionaliza la banca y se crea una banca pública con los bancos y cajas desahuciados, en beneficio del interés general?
• ¿Por qué, en observancia del interés general, no se intervienen las entidades financieras que han alterado y continúan alterando artificialmente el precio de las cosas y aplicando la ley de la usura como principio de actuación?
• El terrorismo financiero que realizan “los mercados”, acosando a personas y países enteros, ¿no debe ser combatido en beneficio del interés general con la misma fuerza que se combaten otros terrorismos?
• ¿Por qué, en favor del interés general, no se actúa con dignidad y se hace pagar las consecuencias de la crisis a los banqueros, “cajeros” y otros mercaderes financieros que son los únicos responsables de la especulación que provoca “daños colaterales”?
• ¿Por qué, en acatamiento del interés general, no se impide a la banca la creación de deuda, es decir, de dinero, que es la base de su negocio y de su poder?
• En resumen, ¿por qué nuestros gobernantes no atacan la raíz de los problemas y, sometiéndose al interés general, acaban con el poder de las finanzas y con el empobrecimiento de la población?

A todas estas preguntas, los sabios aludidos y buena parte de nuestra sociedad acomplejada, interesada y aspirante a un pequeño “botín”, tiene respuestas varias. Todas ellas se resumen, más o menos, en frases y actitudes indignas, muchas de ellas invocando la democracia y la libertad. Se parapetan en un “no hay alternativa”. Con ello, eluden el debate, la búsqueda de las soluciones que existen y que cada día son aportadas por otros sabios críticos y más dignos que ellos. Lo cierto es que el camino que se ha escogido solo nos lleva a un mayor desastre.

Evaluar las políticas públicas. Una aclaración que parece necesaria

Me ha sorprendido recibir, pocas horas después de publicarlo, tres comentarios sobre la anterior entrada de este blog titulada Evaluación pública frente a estudios "fools". Es poco habitual tener una reacción a un artículo del blog y que sea tan rápida. Dos de los comentarios manifiestan su conformidad con las reflexiones realizadas, considerando que la evaluación de las políticas públicas forma parte del cambio que la sociedad está exigiendo hoy en el quehacer político. El tercer comentario expone “no entiendo ni veo qué quieres decir”. Hago, pues, un nuevo intento.

Es habitual que las reflexiones aportadas en este blog sean breves y se limiten a señalar puntos débiles o críticos de algunas políticas, actuaciones o programas; que apunten propuestas sobre políticas, actuaciones o programas a llevar a cabo; que valoren sucintamente políticas, actuaciones o programas. Es posible que, a veces, sean demasiado breves y, por ello, resulten crípticas. Al fin y al cabo se trata de un blog. Sin embargo, no me lo parece en el caso de dicho artículo: sencillamente, manifiesto mi visión negativa sobre cualquier evaluación “sacada de la manga” (es decir, sin que se expliquen los parámetros, indicadores, bases de datos utilizadas, etc.), es decir, evaluaciones que son más bien la expresión de emociones. Manifestaciones de parte, en resumen.

Asimismo, el referido artículo defiende la necesidad (viene a exigir) de que existan evaluaciones realizadas desde lo público y con criterios públicos de las políticas, actuaciones o programas llevadas a cabo en beneficio de lo público. Y las políticas de formación para el empleo son, a mi entender, exactamente eso: políticas de formación destinadas a favorecer el aumento y la mejora del empleo.

Pese a la existencia de algunos organismos públicos de evaluación (por ejemplo, la AEVAL, Agencia Española de Evaluación y Calidad), en España nos encontramos en mantillas por lo que a la evaluación de políticas públicas se refiere. Dicha evaluación debería ser una acción de Estado, con rendimiento de cuentas parlamentario y con retroalimentación obligada de las políticas, sobre la base de los resultados de la evaluación realizada. No es nuestro caso. Es más, no existe una “ley marco” que regule la obligatoriedad de la evaluación y el consiguiente rendimiento de cuentas público de las políticas, actuaciones o programas llevados a cabo desde lo público. Habituados como solemos ser a imitar a otros países del entorno, bien podríamos aprender de las regulaciones de las que se han dotado otros próximos sobre la evaluación de políticas públicas (Francia o los Estados Unidos, por ejemplo).

Considero que la evaluación de políticas públicas tiene una dimensión doble: la cuantitativa mide los efectos de la actuación pública, comparando sus resultados en relación con los objetivos asignados y los recursos aportados; la dimensión cualitativa juzga la pertinencia de los objetivos, su eficacia, su impacto y la futura sostenibilidad. Todo ello con el fin de, si fuera necesario, retroalimentar y aportar argumentos en el proceso de toma de decisiones sobre la continuidad y los contenidos de las políticas, actuaciones o programas llevados a cabo.

Académicamente dicho, la evaluación de una política pública tiene como objetivo investigar si los medios jurídicos, administrativos y financieros aportados en una actuación o programa público han producido los efectos esperados y han alcanzado los objetivos inicialmente asignados. En este sentido, la evaluación de una política pública es una tarea complementaria de la inspección, destinada más a auditar y controlar.

Una evaluación pública así concebida debería regirse por seis criterios principales: pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. No entraré aquí a analizar cada uno de estos criterios y a detallar qué comporta cada uno de ellos. Cualquier manual de evaluación (y, especialmente, de evaluación de políticas públicas) puede ser útil para llevar a cabo dicho análisis y detalle.

Por todo ello, vuelvo a reivindicar que, en momentos como el actual, en que el Estado español se enfrenta a la necesidad y exigencia de reformar y evolucionar sus estructuras y su organización, la evaluación debería ser llamada a jugar un papel clave. Y, más concretamente (volviendo al tema de la evaluación de las políticas de formación para el empleo), en un momento como el actual, es urgente que la evaluación de las políticas destinadas a mejorar la ocupabilidad de los españoles y las españolas – en este caso, las políticas de formación para el empleo - se lleve a cabo de manera pública, con los criterios que toda evaluación de política pública debe reunir, y no se deje en manos de entidades privadas que negocian con la formación para el empleo.

Evaluación pública frente a estudios "fools"

1. Tomemos aquí el término inglés en su significado de idiota o engañoso, tanto monta. Apliquemos la idiotez a los destinatarios de los resultados de los estudios, es decir, a lo que deben pensar sus autores sobre los destinatarios. Apliquemos el blando término de engañoso a cómo se elaboran los estudios y, por tanto, a sus conclusiones.

2. La consultora de formación ADECCO-TRAINING ha publicado (060711) un informe titulado Estudio sobre las tendencias de formación para el empleo, en el cual se concluye, entre otras que “el Sistema de Formación para el Empleo cuenta con un gran reconocimiento entre las patronales empresariales. Es considerado por un 73% de las mismas como un medio de aportar valor a las empresas asociadas y por un 42% como un elemento determinante en el desarrollo de los profesionales del sector”. Sin embargo, según dicen los autores, “los resultados del estudio desvelan la necesidad de un nuevo modelo de formación para el empleo que relativice la visión administrativa y favorezca enfoques novedosos más eficaces para fortalecer las capacidades competitivas de las empresas y sus profesionales”.

3. Cuando he preguntado telefónicamente al servicio de estudios de dicha consultora sobre las características de la muestra utilizada para llevar a cabo las entrevistas o encuestas realizadas a las patronales empresariales, he sido informado de que la muestra “se toma de nuestras propias bases de datos, de las empresas con las que trabajamos”. ¿Y el universo de la muestra? Misma respuesta. Así, pues, la transparencia y fiabilidad del estudio brilla por su ausencia.

Con dichos mimbres, los llamados medios de comunicación han difundido los resultados del estudio y han cargado una vez más sobre el, según ellos, inadecuado (utilizo una palabra “suave” que no suele estar en el lenguaje de los medios) sistema de formación para el empleo en España.

Cito y traduzco a un experto en materia de formación: “Es impresentable que aún haya un 27% de empresas que, saltándose lo que es políticamente correcto, no crean en la formación. Si a este 27% añadimos el porcentaje que han respondido que creen en la formación, porque no se puede decir otra cosa, tendremos una primera aproximación a uno de los núcleos del problema de la formación-cualificación en el país” (Paco Miranda, en correspondencia privada después de la lectura de las conclusiones del estudio de marras).

4. Quizá si las instituciones públicas, responsables últimas de los recursos que se destinan a la formación para el empleo, cumpliesen sus obligaciones de seguimiento, control y evaluación, podríamos llegar a las mismas conclusiones o a otras muy distintas.

5. El primer objetivo de toda evaluación pública es que busca producir información útil a las administraciones y clara y transparente para los administrados. Útil para mejorar los procesos de decisión y planificación, para valorar el funcionamiento y la gestión de las actuaciones llevadas a cabo, para estimar la relación entre resultados y recursos invertidos, para retroalimentar las acciones, las intervenciones, los programas. Clara y transparente para que los administrados puedan valorar y apreciar los resultados alcanzados, a través de unos datos y un lenguaje fácilmente comprensible. Se trata, pues, de un rendimiento de cuentas de los administradores ante los administrados.

6. En conclusión, más evaluación pública de las políticas públicas y menos cantos de sirena de consultoras privadas, claramente interesadas en el beneficio privado de las conclusiones de sus pseudoevaluaciones.

La formación a lo largo de la vida: una política estratégica

En momentos como los actuales, en los que padecemos un desempleo masivo, quizá sea necesario refrescar ciertas ideas con la finalidad de reconquistar el empleo. La tarea no será de recorrido corto.

Amparándonos en los objetivos de la Estrategia Europa 2020, es necesario poner en marcha una estrategia propia. Esta ha de combinar políticas de crecimiento (¿decrecimiento?) y de reformas estructurales que favorezcan la inserción, la vuelta al empleo y la adquisición de nuevas competencias y saberes. En este último aspecto, la formación a lo largo de la vida es uno de los principales componentes de la política estratégica a llevar a cabo.

Es un lugar común, pero conviene recordarlo, que la mayor parte de las personas no desarrollarán toda su carrera profesional en la misma empresa, ni en la misma profesión. De la misma manera que los empleos no son actualmente de por vida, tampoco lo son los saberes y competencias adquiridos. La sociedad de la innovación y del conocimiento (y de la competencia exacerbada, no lo olvidemos) exige una compenetración entre el tiempo de trabajo y el tiempo de formación. El modelo socioeconómico que se construye cada día ante nuestros ojos convierte en obsoleto el sistema de relaciones existente aún hoy entre formación y empleo. Mantenemos un modelo fordista de la formación (codificación de especialidades, articuladas en familias), propio de la época de la producción en masa, cuando ahora necesitamos un sistema de formación profesional inicial y continua flexible, que asegure un alto nivel de competencias, una fuerte capacidad de iniciativa individual y el aprendizaje de nuevos saberes.

Por otro lado, también es un lugar común que en España existe una insuficiencia de recursos destinados a la formación. Aunque, si bien es cierto que somos un país de los que menos recursos dedican a la educación-formación (asignación del PIB en comparación con otros países desarrollados), también es cierto que durante años se ha destinado grandes cantidades a ese fin, la mayor parte provenientes del Fondo Social Europeo y de las cuotas de la Seguridad Social. El problema que plantea la inversión realizada es que denota una importante falta de adaptación a las necesidades – personales y empresariales – y de control del sistema. Existe una falta de implicación (compromiso, connivencia) por parte de los trabajadores o de los aspirantes a serlo y una infravaloración (subestimación, desconsideración) por parte de los empresarios. Para no ser tachado de alarmista, trápala o falto de rigor, diré que ni todos los trabajadores ni todos los empresarios son o actúan igual. Que hay excepciones honrosas.

Algunas posibles (pocas) pautas de actuación podrían mejorar el status quo existente:
 Sería necesario pasar a un sistema en el cual la formación se convierta en una “obligación a dos” integrada en el contrato de trabajo. En este sentido, la negociación colectiva debería contribuir a cambiar y mejorar la situación.
 En la misma línea, la formación cualificadora debería ser concebida como una co-inversión de la empresa y del trabajador.
 La cualificación profesional, concebida como un capital individual renovable, debería concretarse en el derecho individual a disponer de una certificación de las competencias profesionales adquiridas, vía formal, informal o “experiencial”.
 Para los jóvenes, sería necesario reforzar la articulación entre formación de base y formación en alternancia, con discriminación positiva para los provenientes del fracaso de la escuela. Para los más mayores, convendría ayudar financieramente a las empresas a llevar a cabo programas de formación destinados a aportar a los menos formados aquellas competencias de las que están faltos de manera que lleguen a ser “nuevamente empleables” en caso de necesidad.

Pocas pautas, pero claras.